Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Especial para diario Rumbo Nuevo
Hoy hablaré del tema que, al inicio del régimen del
llamado ‘cambio verdadero’ era ‘pan de cada día’: el saqueo al
patrimonio de los tabasqueños, sus protagonistas y la acción de la justicia,
que a veces parece más efectiva en la exhibición de los ‘pecados del granierato’ en los medios de comunicación, que en lo
que todo mundo espera: el ejercicio de la acción penal contra los responsables.
Y el Primer Informe
de Gobierno que rindió Arturo Núñez
Jiménez el domingo le sirvió para refrendar su compromiso en este tema en
que generó grandes expectativas cuando asumió el encargo y, diez meses después,
aún no se ven los resultados prometidos, ni la satisfacción de lo que la
sociedad espera: la aplicación estricta de la ley al grupo de ex funcionarios
encabezados por su antecesor, Andrés
Granier Melo, que saquearon el erario del estado y se enriquecieron
ilícitamente, a grado tal que dejaron a la entidad con las arcas vacías y
prácticamente hipotecada por el próximo cuarto de siglo.
Ya he señalado que los dos únicos ‘peces gordos’ que hoy están en prisión –el ex gobernador Andrés
Granier y su ex secretario de Finanzas, José
Manuel Sáiz Pineda–, están acusados por delitos del orden federal: lavado de dinero y evasión fiscal.
A la ex directora de CEAS, Cliseria Rodríguez Alvarado –de los ex funcionarios conocidos como ‘químicamente puros’– se le acusa de una
nimiedad: haber expedido un cheque sin fondos, cuando pesan sobre ella
sospechas de haber asignado licitaciones en forma indebida, inflado costos de obras y haber
realizado obras en forma deficiente.
Lo mismo sucede con Rosa
Mélida López Villanueva, ex directora de Atención al Público en la Policía
Estatal de Caminos, acusada de haber expedido indebidamente licencias de
conducir. Y con Leoncio Lorenzo Gómez,
ex director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, acusado
de haber desaparecido documentación de cuentas públicas.
Mucho ruido. Pocas
nueces. Y las acusaciones
formales por el latrocinio al erario, brillan
por su ausencia.
Lo realizado en este rubro no es suficiente, ni satisface
a una ciudadanía agraviada por esa partida de sinvergüenzas que en el sexenio
pasado se daban ‘baños de pureza’ cuando
en realidad se estaban ‘despachando con
la cuchara grande’.
Creo que el gobernador también asume que la acción de la
ley no ha llegado a todos los involucrados, ni ha llegado como debe ser: con
firmeza e infalibilidad. Por eso es que en su discurso del domingo nos recordó
lo dicho el 31 de diciembre: “A quien haya hecho privados en su
beneficio, los recursos públicos de los tabasqueños, no les espera el disfrute
de rentas mal habidas; les espera todo el peso de la ley, les espera la cárcel”.
Y reiteró: “así es y así seguirá siendo, siempre con apego a la ley”.
Dio a conocer un dato que eran impreciso
en un mundo de filtraciones y rumores
que trascienden en los medios de comunicación y en las pláticas de café: que desde marzo la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) se encuentra integrando más de 20 averiguaciones previas –unas a
partir de denuncias presentadas por la Secretaría de Contraloría–, “a fin de
esclarecer el quebranto financiero que nos heredaron, para el deslinde de las
responsabilidades legales y la recuperación en la mayor medida posible de los
recursos distraídos”.
Y resaltó que gracias al apoyo de la
Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) y de otras procuradurías locales, ha sido posible enfrentar la
complejidad en la integración de las indagatorias que nos permitirán “actuar
eficazmente” en contra de los saqueadores de Tabasco.
Eso espera la sociedad tabasqueña: la
aplicación rotunda de la ley y una actuación eficaz de sus autoridades, para
que ningún delito perpetrado en agravio de Tabasco y sus habitantes quede
impune.
DE MI BLOG
