Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Volvió a hacer historia el Congreso local de
Tabasco. La 63 Legislatura se convirtió ayer en la tercera que reprueba la
cuenta pública del Poder Ejecutivo del estado, en este caso, la correspondiente
al ejercicio 2018 del hoy ex gobernador Arturo
Núñez Jiménez.
Antes, el 13 de diciembre de 2004, la 58
Legislatura local le reprobó la cuenta pública 2003 al gobernador Manuel Andrade Díaz, y el 15 de
noviembre de 2013, la 61 Legislatura hizo lo mismo con el ejercicio 2012 de Andrés Granier Melo, único ex
mandatario que ha ido a la cárcel por defraudación.
El revés al priista Manuel Andrade se lo asestó la
mayoría que formaron PRD (17) y PAN (dos) contra los votos (14) del PRI –que acababa
de perder el control del Congreso local– y dos legisladores aliados (uno del
PVEM y otro del PAN).
Según un reporte de la época, los diputados encontraron al gobierno andradista ‘graves irregularidades’,
como la desaparición de más de mil 700 millones de pesos del patrimonio estatal;
además, se documentó un sobregiro presupuestal de más de tres mil millones en
el ejercicio del 2003. (Proceso, 14Dic.2004)
La cuenta pública del ejercicio 2012 de Andrés
Granier fue reprobada por observaciones no solventadas por cinco
mil 400 millones 195 mil 671 pesos, consideradas como graves por los
legisladores, que determinaron se aplicaran sanciones administrativas, procesos
resarcitorios y averiguaciones previas. (El
Economista, 15Nov.2013)
El ex gobernador Granier se enteró de la
calificación reprobatoria de su
última cuenta en el penal de Tepepan, en Ciudad de México, donde estuvo
recluido por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia
ilícita, del 25 de junio de 2013 al 15 de enero de 2019 cuando se le concedió
prisión domiciliaria.
El 4 de noviembre de 2019, la Primera Comisión Inspectora de Hacienda del
Congreso local dictaminó reprobar el último año del ejercicio fiscal del ex gobernador
Arturo Núñez Jiménez, quien no
solventó cuatro mil 497 millones 297 mil 438 pesos de irregularidades observadas por el Órgano Superior de
Fiscalización. Este dictamen, que bajó al pleno el martes 5, fue avalado
por 30 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Acompañan con
calificaciones reprobatorias al
anterior Ejecutivo, las cuentas 2018 del Poder Judicial y de 12 municipios. La de Jonuta fue
regresada a la comisión respectiva.
Tras conocerse el
veredicto, el presidente de Coparmex Tabasco, José Luis Zúñiga Lozano exigió que las
calificaciones emitidas tengan “consecuencias ejemplares y, sobre todo, una
reparación directa al erario público”.
La reprobación de las cuentas públicas 2018 de los
poderes Ejecutivo y Judicial, así como de 12 de los 17 ayuntamientos –incluido
el de la capital– era obligada para los integrantes de la 63 Legislatura local,
luego que un año atrás dejaron pasar, sin sanciones de relevancia y en medio de
infinidad de reclamos, las irregularidades de los mismos actores.
La actitud tomada ahora merecerá el aval ciudadano
si de la reprobación de las cuentas públicas se determinan acciones de carácter
legal que permitan, por un lado, aplicar sanciones penales y administrativas a
los responsables de las irregularidades y, por otro, resarcir el daño
patrimonial causado a Tabasco.
La historia nos ha enseñado –no sólo en Tabasco–
que el acto de reprobar una cuenta pública a un gobernante o alcalde en
funciones o cuando ya dejó el cargo, obedece más al propósito de cobrar venganza al régimen anterior, o
de exhibir a un chivo expiatorio para
cubrir de impunidad la corrupción solapada.
Tan despreciable fue esa actitud, como las farsas
que se montaron presuntamente para castigar a quienes se despacharon con la cuchara grande los recursos del erario,
pues casi nunca pararon en la cárcel los acusados y, menos, se recobraba un
peso de lo robado.
Lo realizado en el gobierno de Arturo Núñez ante
las tropelías de todos tamaños que se cometieron en el régimen de su antecesor
Andrés Granier, es digno de registrarse en un libro pues, por una parte, no se
encarceló a todos los que saquearon el erario o se enriquecieron desde los
cargos públicos y, por la otra, nunca jamás se reparó el daño. Y lo peor, los
autores del saqueo están hoy libres y, por poco, acabamos pidiéndoles perdón.
Hoy, el debate no debe ir en el sentido de cómo
deben actuar en lo sucesivo los gobernantes, sino qué hará ahora el Congreso
local ante lo que ha reprobado.
AL GRANO
A
QUIEN DEBE otorgársele una medalla es al ex alcalde
de Macuspana, José Eduardo Rovirosa
Ramírez, a quien por cuarta ocasión consecutiva (fue dos veces alcalde) le
reprueban su cuenta pública. Y sólo ha pisado
la cárcel para visitar a un pariente… A ver qué sucede ante las observaciones por 170 millones de pesos
que no solventó...
ACLARÓ
EL EDIL de Centro, Evaristo Hernández
Cruz que la reprobación de la
cuenta 2018 de Centro fue por irregularidades superiores a 170 millones de
pesos que no solventó la administración pasada, y por lo que hace a los 48
millones de pesos que le observaron
en los tres meses que le tocaron del año pasado, ya fueron solventadas… “No tenemos ningún problema”,
sostuvo…
