Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Se
ganó el ombudsman tabasqueño, Pedro Calcáneo Argüelles, las palmas de
los adversarios del régimen morenista
en la entidad, al promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) una acción de inconstitucionalidad
contra la reforma al Código Penal del Estado, que unos
ven como ‘ley garrote’ y otros muchos
como ‘ley anti-bloqueos’ porque la
iniciativa aprobada por el Congreso local acrecentó las penalizaciones a
quienes promuevan o realicen obstrucciones a vías públicas con fines de
extorsión.
Durante
agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) realizó, en su portal de
internet y en redes sociales, una consulta ciudadana muy sui géneris, abierta a todo el mundo, que le sirvió de guía o
soporte para recurrir al máximo órgano jurisdiccional del país para demandar se
invalide la tan atacada reforma que, a decir de sus promotores, busca acabar
con la industria del chantaje que ha
florecido en el corredor petrolero de la Chontalpa, por parte de seudo-sindicatos que cobran peaje a las compañías que le trabajan a
Pemex, para permitir el paso de vehículos y maquinaria a sus áreas de trabajo.
Aunque
por sus alcances, al tipificar como delito grave el bloqueo a vías de
comunicación, en perjuicio de terceros
a los que se priva de su derecho al libre tránsito, la reforma ha sido
catalogada como una restricción a las libertades de manifestación y de
expresión.
Por
los resultados de la encuesta de la CEDH, su presidente no obtuvo resultados convincentes
para demandar la anulación de la adecuación al Código Penal, pues de las 504
personas que –dijo– participaron, unos consideraron que sí se violentan los
derechos ciudadanos, y otros opinan lo contrario.
“Realmente, del 100 por ciento de personas
que participaron, el 23 por ciento dijo que ‘sí’ estimaba que se vulneraban los
derechos humanos, el 13 por ciento dijo
que ‘no’ se vulneraban, y el 64 por ciento hizo comentarios de temas que no
tenían que ver con la consulta”, precisó Calcáneo Argüelles.
Ante ello, optó por lavarse las manos: “Concluimos que era
importante que la Corte decida
la forma en que deben quedar armonizados los derechos
humanos de lo que, aparentemente, son dos partes: los que creen que se limita a la libertad
de expresión y quienes creen que es una medida necesaria al Código Penal”.
Sin meterse a debatir con el ombudsman, el jefe del Ejecutivo estatal, Adán Augusto López Hernández aseguró ayer que su gobierno defenderá
ante la SCJN dicha reforma, pues “está bien hecha” y no vulnera ninguna
libertad. Por su
lado, el
secretario de Gobierno, Marcos
Rosendo Medina Filigrana dijo que esperarán la notificación y están preparados
jurídicamente para
la defensa.
De las reacciones generadas ayer por la
actuación de la CEDH, hay dos que vale la pena citar: 1) el presidente de
Coparmex Tabasco, Ricardo Castellanos
Martínez de Castro apuntó
que no
se trata realmente de una ‘ley inquisidora’ sino de “una ley
que garantiza y da certidumbre,
mediante el
estado derecho, a las
inversiones que
el día de mañana nos van a sacar del atolladero”; y 2) el director de Desarrollo de Roma Energy Holding –consorcio que ganó
licitación para explotar un campo petrolero en Paraíso–, Carlos Rovirosa Martínez, expresó que “nos
sentimos protegidos en el estado de derecho, por leyes que se van a aplicar, y
hay certidumbre en las inversiones”.
No se entiende para qué realizar una consulta en la
que apenas tomaron parte medio millar de personas –se ignora si la mayoría son
ciudadanos tabasqueños– y sólo una cuarta parte de ellos opinó que la reforma sí
violenta sus derechos.
Aunque Calcáneo Argüelles fue a promover una acción
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, no se sabe cuál es la posición respecto
a la reforma al Código Penal. ¿Es ‘ley
garrote’ o es ‘ley anti-extorsión’?
No se le ha escuchado decir al ombudsman si la referida adecuación legal atenta contra garantías
constitucionales, o protege –como se argumenta– los derechos de terceros al libre tránsito.
Su posición –lo remarcamos– hace pensar que sólo se
está lavando las manos, para quedar
bien con los malquerientes del régimen gobernante y, al mismo tiempo, tratar de
no enojar a la contraparte, aunque
sienta un mal precedente.
El caso es que ante actitudes como las que asume, habrá
que ir pensando seriamente en crear una defensoría
de los derechos de terceros. Somos más.
AL GRANO
AUNQUE ALGUNOS DE sus correligionarios le movieron el tapete para que no llegara
a dirigir la Cámara alta del Congreso de la Unión, ayer con 44 votos a su favor, el grupo parlamentario
de Morena ratificó a la senadora Mónica
Fernández Balboa como candidata a presidir la Mesa Directiva del Senado de
la República… Esto, pese a que horas antes, la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia de Morena declaró inválido el proceso en que la legisladora
tabasqueña fue elegida como candidata a encabezar los trabajos del Senado a
partir del 1° de septiembre…
