Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Especial para diario Rumbo Nuevo
Cuando parecía
ir ‘viento en popa’ la propuesta para
crear el Instituto Nacional de Elecciones (INE) que supliría al Instituto
Federal Electoral (IFE) y extinguiría a los órganos electorales locales,
apareció una ‘piedrota’ que hoy
parece insalvable: la rotunda negativa de gobernadores para que desaparezcan
esos entes estatales, que para analistas no son otra cosa que sus ‘cotos de poder’ para manipular
elecciones en sus entidades.
Y como la administración del Presidente Enrique Peña Nieto anda urgida en que su Reforma Energética pase el ‘filtro’
del Senado, ya se prepara el dictamen de la Reforma
Político-Electoral, con una salvedad: que ya no desaparecerían los
institutos y tribunales locales, aunque sí se crearía el INE.
El ‘estira y afloja’
es porque, de un lado están los que se oponen a la reforma con el argumento que
se rompería el pacto federal, y del otro, los que presionan para que haya menos
injerencia de los gobernadores en los órganos locales.
Ahora surgió un ‘Plan
B’ y su principal promotor es el perredista Alejandro Encinas, quien sugirió un modelo que evite la
desaparición de los institutos y tribunales estatales, pero que los magistrados
de la Sala Superior del TEPJF elijan a los plenos de ambos órganos y a sus
presidentes, y sus presupuestos sean otorgados directamente de la Federación.
Los que quieren que todo
siga igual son los actuales consejeros y magistrados locales. Por eso, el
representante del PRD ante el IFE, Camerino
Márquez, criticó la campaña de
autodefensa “sin precedentes” que han realizado los presidentes de institutos
y tribunales estatales, y cuestionó sus viajes, entrevistas y desplegados, que
se están pagando con dinero del erario público.
Agreguemos que un total de 17 congresos estatales se manifestó
contra la desaparición del IFE, para dar paso a la creación del INE. El diario ‘Excélsior’ buscó a los 32 presidentes de
legislaturas locales, y 17 de ellos dijeron que el cambio institucional es una “medida
centralista que poco contribuirá a la democracia del país”.
El Congreso de Tabasco no aparece ni en los que se oponen
al INE, ni entre los ocho que lo avalan; es probable que su líder, Rafael Abner Balboa, ni por
enterado se dio.
No debe descartarse que estos presidentes de congresos
estén actuando por consigna de los gobernadores de sus entidades. Traen un
sinfín de argumentos bajo el brazo, como este que
dice que no habrá dinero que alcance para pagar las liquidaciones de cerca de
15 mil empleados electorales en todo el país.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila es uno de los más férreos
opositores a la desaparición de los institutos estatales. A Joaquín López-Dóriga le dijo en Radio Fórmula: “¿Qué seguiría? ¿También
centralizar los tribunales electorales locales, los tribunales superiores de
justicia, los congresos locales?”. Y dio sus cifras: Si sumáramos el
presupuesto de todos los órganos locales y lo comparamos con el IFE, equivale a
la cuarta parte.
Y amenazan con llevar su posición al
seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que se emita un
pronunciamiento de rechazo a la propuesta.
Nos preguntamos: ¿De qué lado jugará Arturo Núñez Jiménez, si ha sido
partidario de que el IFE organice las elecciones estatales? Todavía el 29 de
abril apuntó que su propuesta para que el IFE organice los comicios intermedios
de 2015 “no busca la desaparición” del IEPCT.
Sin embrago, no se conoce su posición
respecto a la creación del INE. ¿Aceptaría él, que fue uno de sus artífices, la
desaparición del IFE?
Esa es la interrogante que se hacen
muchos: ¿De verdad debe desaparecer el IFE? ¿A fuerza tenemos que crear un INE?
Leí el 25 de octubre un artículo en El Universal, firmado por María Marván
Laborde –quien es de los cuatro consejeros que quedan en el
IFE–, y considera que debemos hacernos dos preguntas antes de transformar al
IFE en INE: ¿Dónde está la crisis política que justifica la reforma? ¿Por qué
no se discuten en serio las consecuencias sobre el pacto federal?
Y razona: “La
Reforma Político-Electoral propuesta
es una reforma fundacional cuya trascendencia sólo es equiparable a la reforma
de 1977, a la de 1991 y la de 1996, todas precedidas por crisis políticas. En
1976, la exclusión de la izquierda y la desolada candidatura de López Portillo obligaron a la Reforma del 77. La caída del sistema en 1988 forzó a quitarle a la Segob la
organización de las elecciones. Para responder al levantamiento del EZLN y la crisis por el asesinato del
candidato del PRI (Luis Donaldo Colosio),
en 1994 se otorgó autonomía constitucional al IFE”.
Hoy, se nos anuncia
que en el consejo rector
del Pacto por México “está muy
adelantado” el proceso de acuerdo para crear el INE, cuyo contenido podría ser
anunciado esta semana. Y la versión más cercana a lo acordado será una ‘salida
intermedia’; esto es, crear un nuevo órgano electoral, pero sin desaparecer al
IFE ni a los institutos locales; así, coexistirán el nuevo INE y los institutos
y tribunales electorales de los estados.
Lo que puede surgir, luego del manoseado
debate, no será un nuevo instituto electoral acorde a lo que reclama hoy la
democracia, para suplir a la mejor institución ciudadanizada que nos hemos dado –el IFE–, sino un ‘Frankenstein’ del tamaño de la falta de acuerdos y los intereses creados de los partidos políticos
y sus principales actores, gobernadores incluidos.
DE MI BLOG
