Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
El régimen morenista
ha sido bombardeado en últimas fechas
con acusaciones mediáticas de que selló un pacto
de impunidad con la administración nuñista,
con el propósito de que las acusaciones sobre presuntas corruptelas cometidas
el último año del sexenio pasado queden sin castigo.
Hace tres semanas, el dirigente
estatal del PRI, Pedro Gutiérrez
Gutiérrez, cuestionó que en su última visita el Presidente Andrés Manuel López Obrador viniera a
Tabasco sólo para anunciar que “se instaura un gobierno que garantiza la
impunidad y, en consecuencia, la corrupción gubernamental, al declarar una amnistía política a favor de Arturo Núñez Jiménez, el peor
gobernador que ha tenido Tabasco en toda su historia”. (Telerreportaje,
27Ago.2019)
Precisamente, en su última visita oficial a la
entidad –el 23 de agosto–, López Obrador accedió a hablar sobre el ex
gobernador durante la conferencia
mañanera que dio en el cuartel del 37 Batallón de Infantería, en
Villahermosa.
–Está por calificarse
la cuenta pública (2018) de Arturo Núñez; el año pasado la mayoría de Morena se
la aprobó y eso ‘caló mucho’ aquí en la gente. ¿La reconciliación pasa por el
hecho de ‘perdón y olvido’? Sé que corresponde a los diputados (locales), pero
su posición, ¿cuál sería?, denos una ‘luz’, porque se habla mucho aquí en
Tabasco, de saqueo, de corrupción... –le planteó el comunicador Juan Gabriel Sánchez, de Contrarréplica.
“La postura que tenemos la di a conocer desde el 1º
de diciembre que tomé posición de la Presidencia. Hablé de que no era ‘mi
fuerte’ la venganza… Y yo en este caso considero que lo más importante es poner
un ‘punto final’ a todo este periodo
desastroso de política neoliberal,
porque a lo mejor no alcanzarían las cárceles, juzgados, y no nos ayudaría a
regenerar la vida pública”, le respondió el mandatario nacional.
Prosiguió: “Creo que sí sería ‘circo’, espectáculo, pero en vez de avanzar, hasta podríamos
quedarnos anclados, ahora sí que empantanados en eso. Yo quiero ver hacia
adelante”.
Si se toman estas palabras de López Obrador podría
intuirse que sí, que se trata de ‘proteger’ presuntos actos de corrupción de la
anterior administración tabasqueña. No se reparó en su respuesta completa; en
el contexto que dio al tema; quizá porque muchos se fueron con lo primero que
dijo, o porque se tergiversó lo expresado de forma malintencionada.
“Si existen denuncias en curso, se tienen que
desahogar. Pero nosotros no vamos a promover ninguna acción penal, solamente en
lo que corresponde al gobierno federal, si nos lo pide el pueblo… esto
corresponde al ámbito estatal; en la política federal nosotros no estamos
iniciando ninguna investigación… Si hay denuncias presentadas tienen que seguir
su curso, porque tampoco somos ‘tapadera’.
A mí me llegan a presentar pruebas de presuntos actos de corrupción, y la
instrucción que tiene la Unidad de Inteligencia
Financiera es que se presente de inmediato la denuncia, que no nos quedemos
con nada. Pero también no hay consigna de afectar a nadie, de ‘fabricar’ delitos”, asentó.
El 27 de agosto, el gobernador Adán Augusto López Hernández declaró a XEVA Noticias
que está obligado a informar a los ciudadanos sobre lo que se encontró de la
pasada administración, y si realmente hubo irregularidades. Aunque se limitó a
responder que “sí existen denuncias”, argumentó que por guardar el ‘debido proceso’ no se pueden revelar
nombres de los ex funcionarios denunciados, ni si figura su antecesor Arturo
Núñez. Y subrayó que si existen irregularidades, se procederá conforme a derecho.
El acoso
mediático contra Núñez Jiménez, su esposa y ex colaboradores ha sido
incesante, principalmente de actores priistas vinculados al último régimen
priista (2007-2012), contra el que se ejerció acción penal que llevó al
encarcelamiento del ex gobernador Andrés
Granier Melo y ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas. Al final,
éstos quedaron en libertad, como víctimas de una injusticia sin que se
retribuyera un centavo del supuesto dinero saqueado.
Para desmentir las versiones de que un manto de impunidad protege a Arturo
Núñez Jiménez, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó este lunes 16 de
septiembre que existe carpeta de investigación por peculado y otros delitos en
contra del anterior gobernador; su esposa, que presidió el Consejo Ciudadano
Consultivo del Sistema DIF, y otros ex funcionarios públicos, derivada de
denuncias formuladas por diputados locales del PRI.
También, la institución que encabeza Jaime
Lastra Bastar rechazó que se trate de una ‘cacería
de brujas’. Dio garantías de que en el seguimiento a las dos denuncias por
corrupción en contra de ex funcionarios de la pasada administración estatal, no
existen compromisos ni intereses de por medio, sino el respeto al estado de derecho
y la correcta procuración de la justicia.
Las
indagatorias por presunto uso indebido del servicio público, peculado y delitos
contra el erario, van contra la ‘pareja
gubernamental’ y otros colaboradores de Núñez que fueron funcionarios de
primer nivel de las áreas de Planeación y Finanzas, Gobierno, Administración,
Salud, Educación, Contraloría, Recursos Naturales y Protección Ambiental, y
Desarrollo Social.
Lo
menos que se espera del caso es un trabajo profesional de la FGE; que castigue
irregularidades donde las hubo y se haya documentado, y no salga con chivos expiatorios como estilaron los
regímenes que ahora están en el banquillo.
AL GRANO
UN
DATO a destacar es que el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso
local, Gerald Washington Herrera
expresó su confianza en el trabajo de investigación que está realizando la FGE, y afirmó que dejarán que la
institución haga su trabajo… aunque su dirigencia estatal dice otra cosa…
