Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
En víspera de iniciar el segundo año de actividades
legislativas, el debate político en la entidad gira en torno a la calificación
de las cuentas públicas y la expectativa de cuáles serán los ex funcionarios estatales
y ex alcaldes que serán puestos en el banquillo
de los acusados.
Los panegiristas del régimen del periodo 2007-2012
quieren ver en la hoguera al ex
gobernador Arturo Núñez Jiménez,
aunque no se sabe aún el desenlace de la calificación de las cuentas públicas
del 2018, ni quiénes serán los personajes directamente involucrados.
En la fracción priista en el Congreso local están
decididos a votar a favor de que sea reprobada
la cuenta pública 2018 del Poder Ejecutivo. En el PRD, los miembros de su
bancada no saben ni cómo defender el desempeño del régimen nuñista del que formaron parte.
La pelota
está en la cancha de Morena, el grupo
parlamentario mayoritario que debutó a fines del 2018 sin exigirle cuentas al régimen estatal anterior, con el argumento que
las auditorías e informes del OSFE de las cuentas públicas del 2017 no les
permitieron tomar medidas severas por el presunto saqueo al erario.
Ahora será otra historia. Se han ventilado datos de
presuntos desvíos; las observaciones
que hizo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) a los tres
poderes, órganos autónomos y 17 ayuntamientos suman cinco mil 649 millones 315
mil pesos. De este monto, cuatro mil 520 millones 632 mil pesos corresponden a
los entes estatales, según los resultados de 57 auditorías.
A los 17 municipios se aplicaron 72 auditorías, que
arrojaron irregularidades por mil 128 millones 682 mil pesos. Tan solo a
Macuspana le fueron observados 174
millones de pesos, que equivalen al 15 por ciento del total de anomalías
detectadas en todos los ayuntamientos en el ejercicio del 2018.
Muchos quieren adelantar
vísperas, pero el Congreso local tiene como plazo fatal el 15 de diciembre
para concluir el proceso de calificación de cuentas públicas del ejercicio del
año pasado.
La presidenta de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local, Beatriz
Milland Pérez declaró que la información contenida en los dictámenes
técnicos que les presentó el OSFE son datos
duros que reflejan el manejo financiero en el último año del gobierno de Arturo
Núñez, y a la 63 Legislatura toca ahora ‘hacer su parte’ de manera correcta.
“Antes de hablar de la posible reprobación de cuentas públicas, se debe
ser respetuoso de los tiempos y del proceso de revisión de los informes”, que
incluyen no solo el escrutinio documental sino también la inspección física de
obras públicas, asentó la jefa de la bancada de Morena.
El partido predominante en Tabasco envió ayer un mensaje de que el tema de las cuentas
públicas no es asunto menor y se
abordará con escrupulosidad. Para ello, propuso a los morenistas Rafael Elías
Sánchez Cabrales y Juana María
Esther Álvarez Hernández, para presidente y secretaria de la mesa directiva
del Congreso local, en el primer periodo del segundo año de la 63 Legislatura.
Sánchez Cabrales, quien relevará
en la presidencia de la Mesa Directiva a su correligionario Tomás Brito Lara, aseguró que en la calificación de cuentas
públicas del 2018 no habrá parcialidad, ni revancha,
ni chivos expiatorios; se actuará con profesionalismo
y se seguirá el procedimiento marcado por la ley.
Mucho se ha dicho para calentar el ambiente previo al inicio
del primer periodo ordinario de sesiones, mañana jueves. Miembros de la bancada
del PRI salieron a cantar que votarán
para reprobar la cuenta 2018 a Arturo Núñez; su dirigente estatal, Pedro Gutiérrez Gutiérrez reapareció en
la escena para manifestar que existe un ‘pacto
de impunidad’ para proteger al ex mandatario estatal.
Le respondió su contraparte de Morena,
César Francisco Burelo Burelo. “Para
mí no tiene importancia lo que diga Pedro Gutiérrez. No tiene bases para decir
eso; solo habla por hablar”, señaló el cunduacanense. Consideró, empero, que todo
apunta a que la cuenta pública 2018 de Núñez será reprobada. Y advirtió que si los diputados locales votan por reprobar
dicha cuenta, pero no presentan las denuncias correspondientes, el partido que
él dirige sí lo hará.
La 63 Legislatura local ha tomado
decisiones históricas –como anular el fuero de servidores públicos, reducir al
50 por ciento el financiamiento público a partidos políticos y disminuir
también las percepciones de los diputados–; sin embargo, para la ciudadanía que
está atenta a su actuación, eso podría valer
un comino si no toman una decisión ejemplar para castigar con severidad las
conductas deshonestas de quienes fueron funcionarios estatales y alcaldes hasta
el 31 de diciembre del 2018, e incurrieron en prácticas deshonestas.
AL GRANO
ESTE SEGUNDO AÑO de quehacer
legislativo que inicia mañana, con una sesión solemne, marcará el regreso del
titular del Ejecutivo estatal al Congreso local… Después de más de 20 años, Adán Augusto López Hernández acudirá al
recinto legislativo el
10 de noviembre a entregar y rendir su Primer
Informe de Gobierno…
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