Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
El cobarde asesinato de la periodista
huimanguillense Norma Sarabia Garduza
sacó a flote, por enésima vez, un debate muy espinoso y complicado que plantea
un par de cuestionamientos vigentes, sin resolver, acerca de la indefensión en
que se ejerce el oficio periodístico en este país.
¿Cuándo podrán darse resultados convincentes sobre
los asesinatos de periodistas en México y en Tabasco que lleven a castigar a
sus autores? ¿Cómo proteger a periodistas si, como cualquier ciudadano, están
expuestos a ataques de delincuentes que actúan en las sombras?
La noche del martes 11, Norma Sarabia se sumó a esa
estadística cada vez más extensa de periodistas asesinados en México. Con su irreparable
pérdida, suman 149 los periodistas (16 eran mujeres) asesinados en nuestro país
desde el año 2000, justo cuando experimentamos la transición a la verdadera democracia. Tan sólo este 2019,
las balas han segado las vidas de ocho comunicadores, dos de ellos de Tabasco.
Son “cifras que demuestran la crítica situación
que se enfrenta en México en materia de libertad de expresión, y la urgente
necesidad de brindar condiciones óptimas para que periodistas y medios de
comunicación puedan realizar sus labores con seguridad”, planteó la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado en el que condenó el
asesinato de Norma Sarabia.
De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas
(CPJ, por sus siglas en inglés), en lo que va de 2019
México ha sido el país más violento del mundo para ejercer el periodismo.
Declaró el miércoles 12
la directora
de análisis de Observatorio Ciudadano
en Tabasco, Julia Arrivillaga Hernández,
que “es lamentable que México sea uno
de los países donde ser periodista es una de las profesiones más
riesgosas, donde ya durante estos seis meses se registraron ocho casos de
periodistas asesinados, de los cuales dos han ocurrido aquí en el estado de
Tabasco (Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, en Emiliano
Zapata, el 9 de febrero, y Norma Sarabia, en Huimanguillo, el 11 de junio)”.
Ni en los tiempos de regímenes autoritarios, ni en
épocas de guerra se habían contabilizado tantas muertes de periodistas como en
estos tiempos.
El representante en
México de CPJ, Jan-Alberto Hootsen
señaló que ningún gobierno, desde el sexenio de Vicente Fox, se ha comprometido a emplear un marco jurídico que
realmente busque proteger a los periodistas y procure la justicia en casos de
crímenes contra la prensa.
Anotó que si bien México
cuenta con la Ley para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que contempla el
Mecanismo de Protección para estos grupos, no se cuenta con suficientes
recursos ni cobertura a nivel regional para garantizar su eficacia.
“México está en una
situación particularmente grave, más que nada porque México tiene leyes
diseñadas para proteger a los periodistas y simplemente no están funcionando,
mientras tenemos niveles de violencia más altos en comparación con países que
están en situación de guerra”, apuntó Hootsen.
El representante de este comité con sede en Nueva York indicó: “Si se ve el perfil de los periodistas que han sido
asesinados este año, todos son reporteros o reporteras que trabajaban para
pequeños medios locales, radios comunitarias o en medios propios, por lo que
los periodistas más vulnerables son los que tienen precariedad laboral, muy
poco ingreso y trabajan en estados en donde impera la violencia y la
impunidad”, indicó. (El Economista,
12Jun.2019)
La falta de seguridad y de garantías para
el desempeño periodístico es –como bien asienta Hooten– más grave en
localidades de provincia, llámense Emiliano Zapata o Huimanguillo, donde
perviven cacicazgos locales o bandas delictivas que quieren imponer sus fueros mediante amenazas o por medio de
balas.
Es bueno saber que la CNDH y la oficina del ombudsman tabasqueño pidieron a las
autoridades estatales establecer mecanismos de seguridad para el desempeño del
ejercicio periodístico.
Es saludable que tras el asesinato de
Norma Sarabia –que también era maestra en una escuela secundaria en
Huimanguillo– se brinde a su familia atención y asesoría como medida cautelar.
Lo que es terrible es que entre más insegura sea
una comunidad, estado o nación, más peligroso es el ejercicio del periodismo de
denuncia, crítico. De nada sirve ser un periodista valiente cuando no hay qué o
quién lo proteja eficazmente.
Aun atrapando a los asesinos de Norma Sarabia o de Chuchín Ramos no podrá repararse el daño
al oficio, a su familias, al gremio, a la sociedad. Son crímenes que nos
lastiman y agravian. Las condenas ya no bastan, ni reconfortan.
Las leyes existentes no
son más que intentos que han querido tapar
el pozo después de ahogado el niño. Un paso decisivo para comenzar a corregir
las cosas será la recuperación de la tranquilidad y el fin de la impunidad de
México. Será difícil porque hay muchos interesados en que el río revuelto perdure, que las
actividades criminales puedan seguirse realizando sin estorbos, en la
impunidad, y que la corrupción en todas las esferas gubernamentales siga
rigiéndose por la ley que reza: ‘el que
no tranza no avanza’.
Esperemos que las
autoridades judiciales rindan pronto resultados de su actuación, esclarezcan
estos homicidios execrables, y se aplique todo
el peso de la ley a los cobardes homicidas.
AL GRANO
¿QUÉ
DEBEMOS HACER?... Comencemos por rescatar
valores: el respeto a los derechos de terceros, a la vida, al patrimonio de los
demás, a ‘no hacerle a otro lo que no quiero que me suceda a mí o a los míos’…
Recuperemos esa máxima juarista: ‘Entre
los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’…
¿O acaso queremos que impere la ley del
talión que ya aplican algunos pueblos originarios?...
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