Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Reprobado en el Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria (2018) de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) –su calificación fue de 5.79 en una escala de 10 puntos–,
el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset) no es de los
penales más peligrosos del país. Sin embargo, los incidentes violentos de los
últimos tres meses con saldo de tres muertos y siete heridos, lo ponen en el
centro de la atención de medios de todo el país.
Desde aquel 21 de octubre de 1999, cuando
en plena inundación de amplias zonas de Villahermosa fueron asesinados nueve
internos de alta peligrosidad por compañeros de celdas y siete más resultaron con
heridas graves, el Creset
era motivo de discusión por lo que sucede dentro de sus elevadas paredes.
Hace tres meses, una riña entre internos en el Módulo 9 del penal, dejó como saldo la
madrugada del 25 de junio un muerto y dos heridos. Un grupo de custodios y
antimotines ingresaron ese día a la sección y restablecieron el orden con uso
de fuerza no letal, asegurando a los dos presuntos homicidas.
Este 23
de septiembre, dos internos murieron y cinco más resultaron lesionados durante
nueva riña, en el Área 2 de Sentenciados.
Hasta que concluyó la trifulca, policías lograron entrar al lugar y encontraron
a siete personas tiradas en el piso, con múltiples heridas causadas por armas
punzo-cortantes.
A
raíz de la primera riña del año, la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió recomendaciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC) –de la que depende el penal– pidiéndole solucionar las condiciones de
inseguridad que hay al interior del reclusorio. La dependencia estatal
comunicó que aceptaba emprender acciones encaminadas a propiciar mayor seguridad y estabilidad
al interior del Creset.
Con los hechos del lunes 23, la oficina del ombudsman tabasqueño se apresuró a emitir
medidas cautelares a la SSPC, exigiéndole evalúe de inmediato la idoneidad
y aptitud del personal de mando en áreas relacionadas; ejecute medidas para
retomar el control de la seguridad interior, e implemente operativo para
revisión, detección y aseguramiento de armas y sustancias prohibidas.
Las condiciones de las cárceles en gran
parte del país hacen propicio que se vuelvan sitios inseguros para sus internos
y que éstos se vean involucrados en riñas por el control de los negocios en su
interior.
El diagnóstico que hizo la CNDH al Creset
explica por qué suceden estos incidentes violentos, como los ocurridos el 25 de
junio y 23 de septiembre. Los visitadores del ombudsman nacional encontraron las siguientes situaciones que
afectan la integridad personal de los internos: sobrepoblación y hacinamiento
(su capacidad es para mil 200 hombres y 100 mujeres, pero lo habitan mil 946
varones y 109 féminas); deficiencias en los servicios de salud, falta de supervisión
del funcionamiento por autoridades; insuficiencia de vías para la remisión de quejas
de probables violaciones a los derechos humanos, y mala atención a personas
internas en condiciones de aislamiento.
Sobre los aspectos para estancia digna, se
asentaron: insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento
del centro; deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para
alojar a personas privadas de la libertad; inexistencia o deficientes
condiciones materiales e higiene del área médica, cocina y comedores, y deficiencias
en la alimentación.
Por lo que hace a las condiciones de
gobernabilidad, se detectó: ejercicio de funciones de autoridad por personas
privadas de la libertad (autogobierno/ cogobierno), insuficiencia de personal
de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas, y de cobros
(extorsión y sobornos).
Con relación a la reinserción social del
interno, la CNDH percibió: inadecuada clasificación de las personas privadas de
la libertad, deficiente separación entre procesados y sentenciados, insuficiencia
o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. Además, indicó que
hay deficiencia en la atención a mujeres y menores que vivan con ellas, a adultos
mayores, indígenas, personas con discapacidad y LGBTTTI, así como insuficiencia en los programas para la prevención
de adicciones y desintoxicación voluntaria.
En cambio, observó una apropiada atención
en la capacitación del personal penitenciario, en la integración del expediente
técnico-jurídico, y vinculación de la persona privada de la libertad con la
sociedad.
La política penitenciaria de México, salvo
casos muy contados, es deficiente y está muy lejos de procurar la reinserción social
de la población interna. En Tabasco, con excepción de los ceresos de Huimanguillo
(calificación 6.44) y de Cárdenas (6.08), el Creset de Villahermosa (5.79) y el
penal de Comalcalco (5.67) tienen una tendencia a mantener sus condiciones
deficientes.
Mientras sigan existiendo esas
deficiencias y vicios en los penales, seguirán ocurriendo incidentes graves
como las riñas y amotinamientos de reos; no bastaría quitar al director del Creset,
cuando se trata de controlar a una población de dos mil 55 internos. Podrá
reducirse esta cifra con la liberación de reclusos de baja peligrosidad, pero
seguirán existiendo los problemas cuando hay una sobrepoblación que amenaza la
gobernabilidad. Un
nuevo penal, como lo planteaba a fines de junio el titular de la SSPC, Ángel Mario Balcázar Martínez,
podría ser la solución a mediano o largo plazo. ¿Con qué se haría?
AL GRANO
EL CAOS QUE vivió la capital tabasqueña la
tarde-noche del lunes 23 nos debe poner a pensar en que ya urge un drenaje
pluvial para la ciudad, que se debe revisar la funcionalidad del sistema de
bombeo para desalojo de aguas y, sobre todo, que ya es tiempo que evitemos que
las calles estén inundadas de basura…
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