Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Una pugna
entre ejidatarios de la ranchería Lázaro Cárdenas, municipio de Centro, que
acusan de supuesto fraude a la presidente de su comisariado Alejandra Barrueta Díaz, con los
recursos que recibió a nombre de la comunidad como indemnización por ceder
parte de sus parcelas para la ampliación de la carretera
Villahermosa-Cárdenas, puso al descubierto presuntas prácticas de corrupción en
las delegaciones de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Procuraduría Agraria.
La
historia se remonta al año 2014 cuando la SCT federal debió desembolsar 55
millones 196 mil 192.05 pesos por la indemnización a 65 ejidatarios de una fracción
del ejido que se destinaría al derecho de
vía de dicha carretera en el tramo ampliado a ocho carriles.
Carmela
Magaña López es una de los ejidatarios que se dicen afectados con el pago
de las indemnizaciones, ya que alega que Barrueta Díaz recibió en 2014 los más
de 55 millones de pesos; sin embargo, sólo reportó al ejido 32 millones. Al exigírsele
que esclareciera el destino del resto del dinero, ésta les reveló que del
faltante dispuso recursos para otorgar ‘gratificaciones’ a funcionarios de la
SCT y de la Procuraduría Agraria.
Este caso
de corrupción fue ventilado por Telerreportaje
en su edición del 25 de enero último. Y es prácticamente de risa cómo se desenvuelve,
toda vez que quienes se dicen afectados no acudieron a la radiodifusora XHVT a
acusar a los funcionarios federales, sino a exigir que su representante ejidal
les esclarezca el destino que dio al monto millonario que cobró a la SCT como
indemnización a nombre de la comunidad y que pague lo que les corresponde.
En junio del 2016, la comunidad interpuso denuncia
penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Alejandra Barrueta Díaz
por presunto fraude, ya que habría falsificado las firmas de los ejidatarios
para hacer una ‘donación’ de 10 millones de pesos a un funcionario del Centro SCT
Tabasco.
“En su declaración, Alejandra Barrueta Díaz le dice al
Ministerio Público que todos los ejidatarios estuvimos de acuerdo en regalarle 10 millones de pesos al
ingeniero de la SCT, Manuel Bautista
López –titular del área de derecho de vía en la entidad–, pero la verdad
nosotros nunca le dimos esa cantidad de dinero a eso hombre… nunca estuvimos de
acuerdo”, indicó Carmela Magaña.
La
querella no prosperó. “En diciembre de 2016 –refirió–,
la Fiscalía nos manda a decir que no hubo delito por perseguir, que no hubo
fraude y que la daba por terminada”.
Expuso
que de acuerdo al monto pagado por SCT, a cada
ejidatario correspondía un millón 350 mil pesos. “A mí sólo me dio 120
mil pesos”, acotó Magaña López, e hizo otra revelación: que al abogado agrario Juan Carlos Olea, se le habrían
entregado a la mano 630 mil pesos,
para que les ayudara en trámites ante
la Procuraduría Agraria.
El
27 de enero de este 2017, Alejandra Barrueta reconoció ante Telerreportaje que por
el apoyo recibido en el pago de la indemnización por porte de la SCT, entregó
como “gratificación” 10 millones de pesos a Batista López. “Él nos ha ayudado en
las gestiones que se hicieron para recoger el beneficio”, expresó.
También
admitió que al abogado Juan Carlos Olea se le
entregaron 600 mil pesos, por “acuerdo de los ejidatarios”, pues “nada se ha
hecho secretamente”.
De
los supuestos sobornos que habrían recibido sus colaboradores tienen
conocimiento los delegados de SCT, Sergio
Herrera Concha y de la Procuraduría Agraria, Efraín Fernández Lastra.
El
titular del Centro SCT Tabasco declaró que se requiere denuncia formal para proceder contra su colaborador. El delegado de
la Procuraduría Agraria señaló que, aunque la denuncia se hizo en un programa
de radio, se inició un procedimiento interno que puede llevar al cese del
funcionario.
“Todos los servicios que presta la institución a los
sujetos de derecho agrario, no tienen costo alguno; de lo contrario, estaríamos
ante un acto deshonesto y de corrupción”, puntualizó Fernández Lastra. (Telerreportaje, 30Ene.2017)
¿Qué cree?
Según las versiones de los ejidatarios otros dos funcionarios de la Procuraduría
Agraria también habrían recibido sobornos. El delegado de la SCT sigue a la espera de una denuncia formal, pues
–dijo– ya le preguntó a su colaborador de los señalamientos que le hacen, “y él
dice que son infundios”.
No hay que perder de
vista el tema, ni la pista a los 10
millones de pesos o más recursos que andan bailando,
porque no hay que descartar que se repartieran con los de arriba. ¿Será otra historia de sobornos, de corruptelas,
de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos que quede en el olvido?
AL GRANO
¿Y EL ADALID de lucha contra la corrupción Enrique Ochoa Reza? ¿Acaso no hay en el
PRI tabasqueño alguien que se interese
por la corrupción denunciada en las delegaciones federales?
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