Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Un grupo de elementos de la policía
estatal decidió, para presionar al gobierno estatal al cumplimiento de un
pliego petitorio que se ha venido cumpliendo gradualmente, suspender labores y
obligar a sus demás compañeros a dejar de prestar el servicio desde la mañana
del lunes 24.
Los habitantes de la capital tabasqueña,
sin embargo, no quedaron en desamparo. El gobernador Arturo Núñez Jiménez solicitó la colaboración de fuerzas federales –se
enviaron más de 100 elementos vía aérea–, que desde la noche del lunes se
sumaron a las tareas del Grupo de
Coordinación Tabasco, para garantizar la seguridad de la población.
No es la primera vez que ocurre un
movimiento de esta naturaleza, que resulta ilegal por donde se le vea y que
exhibe actitudes vergonzosas de elementos policiacos que no sólo dejan de
cumplir su deber, sino que incurren en actos que pueden tipificarse como
delitos.
¿Cuáles fueron esas conductas apartadas
de la ley en que incurrieron los elementos de la SSP en esta crisis alentada por mentes y manos aviesas que movieron
la cuna justo cuando el gobierno estatal se apresta a realizar una inversión
histórica (700 millones de pesos) para fortalecer su programa de seguridad,
cuando comenzaba a recuperarse la percepción ciudadana en la materia y en
víspera del arranque de la máxima fiesta
de la entidad?
Le citaré dos: la primera, los policías
retuvieron contra su voluntad por varias horas al titular de la SSP, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, cuando
se acercó a ellos para dialogar, y la otra, dispusieron indebidamente de
patrullas para circular a alta velocidad por las calles de la ciudad, bajo los
influjos del alcohol… y atemorizar a los ciudadanos que deberían estar
protegiendo.
El movimiento no cuenta con el consenso
de todos los elementos de la corporación; vaya, hay líderes de algunos grupos
que decidieron apartarse por considerar que se estaba desviando el objetivo de
la protesta, que iba a ser pacífica, buscaba dialogar con el gobierno y estaba
tomando otros tintes; me refiero a Raúl Amaya y
Alejandro de la Cruz, quienes denunciaron
la injerencia de “otra gente ajena a la policía”.
El secretario de Gobierno, Gustavo Rosario
Torres lamentó la radicalización de la protesta, puesto que –afirmó– desde su
arribo a la dependencia en julio del 2016 “he platicado con ellos de la mejor
manera posible y siempre hemos procurado ir consiguiendo cosas que mejoren sus
condiciones de trabajo y que mejoren sus percepciones”.
Detalló el responsable de la política interna en la
entidad –que la tarde-noche del lunes 24 dialogó con una comisión de los
inconformes– que se ha buscado que los policías tengan un ingreso digno que
corresponda al riesgo que ellos corren al prestar sus servicios a la sociedad;
capacitarlos para que estén debidamente preparados, sobre todo en lo relativo
al Nuevo Sistema de Justicia Penal, y
dotarlos de los instrumentos y el equipo necesario para prestar mejor el servicio.
Refrendó que “las puertas de la Secretaría de
Gobierno son de conciliación, no de confrontación. No queremos ninguna
confrontación con los elementos que le prestan este servicio a la sociedad;
estamos abiertos, pero no en las condiciones en que me dicen”, que se les
conceda todo lo que le piden... y ya.
Aseveró que los tabasqueños y, sobre todo, los
habitantes de Villahermosa “pueden tener la certeza” que los gobierno del
Estado y de la República, a través de sus diferentes corporaciones, van a
mantener la vigilancia y garantizar la seguridad para su tranquilidad.
Rosario Torres llamó a la cordura a los
inconformes, en el entendido que “la policía debe cuidar a la sociedad, no la
sociedad cuidarse de la policía”. Y
lo subrayó: “La policía debe ser garante de la vigilancia y de la tranquilidad,
no un factor de intranquilidad”.
La ciudadanía espera que el conflicto termine
pronto. Hay que reconocer que en las corporaciones hay elementos que están
haciendo su trabajo y están contribuyendo a aportar resultados a favor de la
tranquilidad de la población, y que merecen una justa retribución a su esfuerzo
y riesgo. Pero para que lo consigan no deben recurrir a medidas extremas y,
menos, al margen de la ley que ellos están obligados a guardar.
La depuración de la corporaciones es una tarea en
la que debe persistir el gobierno para evitar se repitan este tipo de eventos,
y sobre todo, para sanearlas de malos
elementos.
No puede dejar de señalarse que una de las causas
de la inseguridad es, precisamente, la corrupción y falta de confianza que
impera dentro de la misma corporación, donde hay elementos que actúan en
connivencia con los maleantes. Estas actitudes hacen que la sociedad no confíe en ‘su’ policía. Por eso
reprueban los exámenes de control de
confianza. Hoy ya reprobaron.
AL
GRANO
Y PESE AL PARO, las fuerzas de seguridad continuaron dando resultados… La Fuerza de
Reacción Inmediata Mixta (FRIM) reportó ayer el rescate de dos menores de
edad que habían sido secuestrados este mismo mes, así como la detención de sus
presuntos plagiarios: 12 miembros de dos bandas que operaban en la zona de la
Chontalpa, Centro y Nacajuca…
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