Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Si
bien el acuerdo de austeridad
decretado el fin de semana por el gobernador Arturo Núñez Jiménez prevé diversos antídotos para reducir el gasto público y con ello hacer frente al gasolinazo y a las alzas en luz y gas
que –como sucede con el bolsillo de
la población en general– impactarán las finanzas estatales, lo más relevante
del documento que entra en vigor este lunes son las medidas de disciplina que
eliminan de tajo gastos superfluos y
que evitan se siga inflando la burocracia
y, consecuentemente, que crezca el gasto
corriente en detrimento de la inversión social y productiva.
Quizá hubo quienes esperaban que el
mandatario estatal redujera en un porcentaje elevado los sueldos de sus
funcionarios o hiciera despidos masivos –como con la reingeniería del granierismo,
que golpeó los salarios hasta de empleados
de niveles medios y echó a la calle a
centenares de burócratas–; sin embargo, hubo prudencia a la hora de aplicar la tijera al gasto del gobierno.
“No hemos hecho incrementos salariales
ni aumentado plazas de base para no detonar en mayor medida el gasto corriente, que ya de por sí es
alto en el gobierno del estado”, puntualizó.
Aunque reconoció que la nómina del
gobierno requiere un ‘ajuste estructural’
“que habrá que hacer tarde que temprano”, Núñez Jiménez subrayó que “sería
francamente irresponsable de mi parte mandar más gente al desempleo en este
momento”, por lo que el costo de ‘apretarse
el cinturón’ lo absorberán las dependencias de su administración con un
esfuerzo de racionalidad.
Los recortes
salariales decretados por Núñez Jiménez sólo tocarán a la alta burocracia. Únicamente reducirán sus percepciones en cinco por
ciento de su sueldo base, desde directores generales hasta el gobernador.
Se cancela “cualquier clase de
pago a cargo del gobierno del Estado”, de servicios de telefonía celular, voz y
datos. Imagino que la medida incluye hasta los secretarios de despacho.
Se reforzarán las medidas de
control para eficientar el gasto de
combustible en vehículos oficiales, que dejarán de circular “por lo menos” un
día a la semana, así como fines de semana, días festivos y vacaciones.
Es de destacar que se cancelan “en su totalidad” adquisiciones
de vehículos; única y exclusivamente se autorizará la reposición de unidades
dadas de baja o para ‘servicios
sustantivos’ de SSP, emergencias y Protección Civil.
De
las 11 medidas que enumeró Bertín Miranda Villalobos, secretario de Administración, sobresale
también la que refiere que se compactarán y fusionarán áreas afines, para eficientar el uso de la estructura física y rendimiento de personal
en toda la administración. No más duplicidades, eh.
Las 11 medidas generarán una
economía de por lo menos 600 millones de pesos en 2017. Habrá que dar
seguimiento a su aplicación para corroborar su cabal cumplimiento y esto no acabe
como planes de austeridad del pasado,
que no fueron otra cosa que actos de
simulación.
Sin duda, se trata de un
esfuerzo importante que no afecta inversiones en rubros que tienen que ver con
la realización de infraestructura y programas sociales y de apoyo a la
producción; al contrario, como precisó el secretario de Finanzas, Amet Ramos
Troconis, todos los ahorros presupuestales serán para generación de empleo
y programas sociales.
Ahora
veremos qué tanto atienden el ‘exhorto’ que hizo el jefe del Ejecutivo,
los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, para que “traten
de hacer lo propio” en su ámbito de competencia. ¿Qué harán?
“NOS
PODEMOS ENTENDER BIEN”
Quizá por la vorágine de los sucesos de los días
recientes pasó desapercibido este dato: el 12 de enero, autoridades
estatales y la dirigencia del SUTSET concretaron la revisión y firma de nuevas Condiciones Generales de Trabajo, en las
que se contemplan 30 por ciento de aumento al estímulo por antigüedad y un nuevo programa de recategorización.
El documento establece además el pago
completo del aguinaldo al término de la presente administración pública, y el
respeto a la revisión salarial anual.
Participaron en la firma de este
protocolo laboral –que no se actualizaba desde 2012–, el secretario de
Gobierno, Gustavo Rosario Torres;
los titulares de Finanzas y de Administración, y el dirigente sindical René Ovando Olán.
El acuerdo “constituye un ejemplo de que
los tabasqueños nos podemos entender bien”, resaltó Rosario Torres.
AL GRANO
ADEMÁS DE los vales
de gasolina, los diputados locales deben renunciar a los recursos que reciben para hacerse promoción
personal y para los eventos de sus informes
anuales, pues muchos no tienen ni qué decir… Los informes bien podrían hacerlos en su recinto legislativo, sin tanta
alharaca ni derroche con cargo al presupuesto.
¿TAMBORES DE
GUERRA?… El
STAIUJAT prepara movilizaciones para los días 25 y 31 de enero “en defensa de
los trabajadores universitarios”… Considera el gremio de los empleados administrativos
que el incumplimiento en el pago de salarios a los docentes del SPIUJAT, en
diciembre, “podría detonar en una problemática mayor”… ¿Qué es lo que sucede en
la máxima casa de estudios de Tabasco?
¿Acaso no están las cosas en paz y en orden?
No hay comentarios:
Publicar un comentario