Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
La ostentación de riquezas y
comodidades es algo que siempre ha caracterizado a nuestros hombres públicos.
No hay quién que, llegado a la cúspide del poder, se resista a
renunciar a llevar una vida de rey, desde
luego a costa de los presupuestos que ejercen.
Despilfarrar el dinero que no es suyo
es algo connatural de nuestros políticos pertenecientes a todas las banderías políticas
y tendencias ideológicas.
Me ha tocado ser testigo de la
historia de este país desde los tiempos de José
López Portillo, y no he conocido a un gobernante que haya renunciado a privilegios
que son prohibitivos para el grueso de los mexicanos.
Ingresos exorbitantes, vehículos de
lujo, gastos de representación
ilimitados, viáticos propios de jeques
cuando atienden comisiones fuera, escoltas y ayudantes para ellos y sus
familias, y todas las tecnologías de comunicaciones a su alcance, gozan estos
personajes, sean tiempos de bonanza o de penurias para la nación.
Hoy que el país vive una tremenda crisis
económica, agravada por el gasolinazo
y las amenazas recurrentes de Donald
Trump que traen a nuestra moneda en una devaluación que parece
interminable, sale a debate el tema de recortar
el gasto público y eliminar gastos no prioritarios.
Atrapado en esta crisis, el Presidente
Enrique Peña Nieto ordenó reducir en
10 por ciento los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios.
Cada vez cobra más fuerza la idea de
reducir las prerrogativas a los partidos políticos; anular los bonos y privilegios que reciben
legisladores federales, e incluso resurgió la propuesta de eliminar las
diputaciones plurinominales.
El Instituto Nacional Electoral
canceló ‘Inelandia’, como se dio en
llamar al mega-proyecto de su nueva sede en Tlalpan, de mil 70 millones de
pesos, que incluía dos torres de 14 niveles, plazas, museos, gimnasios y
huertos, y los consejeros electorales sacrificaron
sus ingresos al reducirse sus sueldos de 400 mil pesos mensuales en… 10 por
ciento.
En los gobiernos estatales y en el de
la Ciudad de México están explorando mecanismos para apretarse los cinturones.
Aquí en Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez instruyó al
secretario de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis que revisara “qué esfuerzos de austeridad podemos
hacer”.
El debate sobre la
necesidad de hacer recortes en gastos
superfluos e implementar medidas de austeridad, llegó al Congreso local. Y
hasta se tardaron porque, la verdad, los legisladores tabasqueños se despachan con la cuchara grande.
Un dato que parece
insignificante pero que al año representa una sangría al presupuesto del orden
de dos millones 100 mil pesos, es la dotación de combustible que recibe cada
uno de los diputados locales.
A cada uno de los 35
legisladores se entregan mensualmente vales por cinco mil pesos canjeables por
gasolina. Más allá de que muchos dijeron que los usan para obras de caridad, la discusión se centra en qué destino darán a
esos talones.
“Es un
asunto que discutíamos hoy. Estamos evaluando y vamos a volvernos a reunir para
ver de qué manera le podemos dar un uso a este recurso”, expuso el miércoles 11
el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vega Asmitia, quien comentó que los vales en cuestión podrían donarse a la Secretaría de Salud o la
Cruz Roja, que –indicó– requieren de combustible y ante la crisis han visto
afectada su operatividad.
Como que les duele a
nuestros flamantes diputados desprenderse de esa canonjía, cuando es tan fácil suprimir
definitivamente esa partida de su presupuesto de egresos. ¿A qué más estarían
dispuestos a renunciar?
Y los partidos políticos locales, ¿qué
porcentaje de las prerrogativas que les otorga el IEPCT estarían dispuestos a
reducirse? Estamos hablando de 80 millones de pesos anuales. PRD y PRI se
llevan 20 millones cada uno.
Para evitar derroches de recursos
públicos y suprimir privilegios a nuestros hombres públicos, podríamos empezar
con algo tan sencillo como esto: que ningún funcionario, legislador,
magistrado, juez, consejero o cosa que se
le parezca, utilice vehículos oficiales –exceptuando mandos policiacos y
castrenses que lo requieran–, ni reciban
dotaciones o vales de gasolina; que a
nadie se le compre o rente equipos de telefonía celular.
Que a los empleados de Pemex se les
supriman las dotaciones de combustible y a los de CFE, el suministro de energía
eléctrica sin costo, porque se trata de recursos de la nación, no de esas
paraestatales.
La verdad, hay tanto por recortar.
AL GRANO
Aquí les
pregunto: ¿qué hubieran hecho ustedes?
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