Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
El tema no es menor. Hay quienes lo ven como restricción
al clima de libertades consagradas en la Constitución de México; otros, como coraza
que salvaguarda la gobernabilidad, las inversiones y la viabilidad del estado.
Y aunque muchos de los cuestionamientos carecen de razonamiento, los
adversarios al régimen morenista le
han puesto el mote de ‘ley garrote’ o
‘ley anti-bloqueos’.
Se trata de la adecuación al artículo
308 Bis del Código Penal del Estado. Debe interesar a todos, su conocimiento, alcances y
repercusiones –más allá de dimes y
diretes en redes sociales y del golpeteo
desatado en medios contra el Presidente Andrés
Manuel López Obrador y el gobernador Adán
Augusto López Hernández–, sobre todo porque urge que la entidad recupere su
ruta de desarrollo, con estabilidad y bajo el imperio del derecho.
¿Por qué tanto escándalo y el escarnio hacia
quienes promovieron y aprobaron las reformas al Código
Penal estatal, que determinan sanciones más severas a quienes incurran en
bloqueos a vías de comunicación con el fin de extorsionar?
El 29 de julio, los
integrantes de la 63 Legislatura local analizaron, y con el voto de la mayoría
se estableció que el artículo 308 bis, del citado Código quedara así: “Al que
extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas e impida, total o
parcialmente, el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo
especializado o similar, para la ejecución de trabajos de obras públicas y
privadas, en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local a que se
refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a
dos mil veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por
otros delitos que resulten”.
Estas 91 palabras han sido
malinterpretadas por los malquerientes de la cuarta transformación, antes y después que se modificara dicho
Código. El lunes 29, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, debió
reunirse con cada fracción legislativa para esclarecer que la iniciativa no era
ninguna ‘ley garrote’. La reforma,
con algunas acotaciones, salió avante tras prolongada discusión en la sesión
extraordinaria. Pero siguieron sembrando cizaña.
Pese a que queda claro que quienes
obstruyan vías de comunicación con fines de extorsión serán objeto de penalizaciones,
siguió insistiéndose que se trata de una ley que coarta libertades. En ningún
renglón el artículo 308 bis refiere que está
prohibido manifestarse, marchar en una vialidad o plantarse pacíficamente en una plaza pública o frente a sede de
alguna institución gubernamental. Precisa que habrá sanción a quien impida el
libre paso de personas y vehículos; esto es, que no se limite el derecho de
nadie a transitar libremente.
La reforma tuvo el aval
del Presidente López Obrador. “No es para reprimir libertades; es para que no
haya sobornos, que no se instaure el moche
como forma de gobierno”, expresó en la mañanera
del lunes 29, al explicar que en Tabasco se acostumbraba extorsionar a
compañías que trabajan para Pemex. “Ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare”,
dijo el mandatario nacional.
Y López Hernández lo
aclaró en rueda de prensa la tarde del mismo lunes. “Tabasco no puede ser reino de la impunidad. Aquí tiene que
haber respeto al estado de derecho, y reiteramos nuestra plena disposición para
garantizar el respeto a los derechos humanos en Tabasco, el respeto a la libre
manifestación de las ideas, a la libertad de expresión, la libertad de
asociación, a la libertad de participación, lamentamos que como siempre haya
grupos de intereses e incluso se han nutrido del chantaje y la extorsión”, sentenció
el gobernador.
Si los cuestionamientos a la reforma legal han sido
acres, las muestras de apoyo son puntuales. “Las manifestaciones son sagradas,
pero se ha querido manipular para generar un movimiento en contra de Dos Bocas.
Esta ley es para evitar chantajes y sabotajes”, remarcó la lideresa nacional de
Morena, Yeidckol Polevnsky. (Reforma, 30Jul.2019)
El presidente de
Coparmex-Tabasco, Ricardo Castellanos Martínez
de Castro consideró que la reforma era necesaria en un estado donde la
extorsión es el delito que ocupa el primer lugar en todas sus modalidades, y
donde más de 120 seudo-líderes han desarrollado toda una industria de la extorsión en los accesos a zonas petroleras,
acosando a empresas públicas y privadas, que pagan ‘cuotas’ que llegan a
representar hasta 15 por ciento del valor del proyecto.
¿Qué sigue? La diputada local del
PRI, Ingrid Rosas adelantó que su
partido podría interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la
reforma, y el Comité de Derechos Humanos
de Tabasco amenaza con una acción similar. Empero, Adán Augusto López sostiene
que está preparados para defender la reforma al Código Penal, que no vulnera
ningún derecho constitucional.
AL GRANO
NOTICIA
PARA INCRÉDULOS… Mañana inicia la construcción de
la refinería de Dos Bocas, en Paraíso… Por lo visto, la instalación de 17
plantas de proceso, caminará a la par de trabajos de adecuación del terreno…
