Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Al iniciar esta semana la revisión
física y documental de las cuentas públicas 2018 de los entes públicos, que en
conjunto recibieron del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) observaciones de presuntas
irregularidades en el manejo del erario estatal y de los municipios, por casi cinco
mil 650 millones de pesos, surgen una serie de preguntas que en las siguientes
semanas encontrarán respuestas.
¿Qué funcionarios serán sentados en el banquillo de los acusados? ¿Qué alcaldes
que se despacharon con la cuchara grande
serán presentados ante la justicia? ¿Qué tan
alto llegará el combate a la corrupción y a la impunidad en este sexenio?
¿Están preparados profesionalmente los entes fiscalizadores y de procuración de
justicia para aplicar la ley? ¿Hay voluntad de hacerlo?
Empecemos por lo que declaró el fiscal superior del
estado, Alejandro Álvarez González, al
anunciar el inicio de este proceso que en el sexenio pasado no fue más que circo que sólo permitió llevar a la
cárcel a unos cuantos funcionarios de la administración 2007-2012, encabezados
por quien fue gobernador. Se les acusó de todo y al cabo de procesos judiciales
controvertidos, los acusados salieron libres –casi casi debió pedírseles perdón–
y jamás se supo de un peso recuperado de los miles de millones que habrían
sustraído del erario.
Manifestó el titular del OSFE a los diputados locales
que “he instruido al personal que apoyará en esta labor, para que facilite toda
la información requerida, siempre en absoluto respeto a sus facultades y, por
supuesto, al estado de derecho”. (Telerreportaje,
01Oct.2019)
La presidenta de la Comisión
Inspectora de Hacienda Primera del Congreso local, María Esther Álvarez, habló del compromiso de los integrantes de la
63 Legislatura. “Las exigencia de los ciudadanos es que si encontraron observaciones los entes auditables, se
les dé seguimiento para que se cumpla, hasta llegar al término de un proceso
legal y que los que incurrieron en algún delito sean juzgado conforme la ley.
La sociedad nos reclama acciones contundentes y continuará exigiéndonos buenos
resultados”, declaró.
La presidenta de la Comisión Segunda,
Patricia Hernández Calderón resaltó:
“Es obligación de todos, trabajar para lograr una revisión de cuentas claras,
objetivas, comparables, confiables y transparentes en nuestro estado”.
Y la presidente de la Comisión Tercera,
Katia Ornelas Gil, subrayó que los
diputados buscan legitimar el proceso
de calificación de cuentas públicas, alejando el fantasma de los intereses creados, la simulación y la complicidad para
encubrir lo ilegal, “demostrándole a las ciudadanos que de este lado estamos
personas honorables y responsables que velaremos porque se cumpla la ley, sin
excepción alguna, ni intervenciones, ni injerencias de ningún tipo”.
Todo lo dicho suena muy bonito y, al final del proceso, a fin de año, podrá decirse si los legisladores locales cumplieron con su responsabilidad legal o le quedaron a deber a los tabasqueños, como fue la percepción del año pasado cuando calificaron las cuentas públicas del 2017, recién estrenaron sus curules.
Todo lo dicho suena muy bonito y, al final del proceso, a fin de año, podrá decirse si los legisladores locales cumplieron con su responsabilidad legal o le quedaron a deber a los tabasqueños, como fue la percepción del año pasado cuando calificaron las cuentas públicas del 2017, recién estrenaron sus curules.
Hay expectativas por los
resultados que, al final del día,
entregarán los diputados tabasqueños, que ya lograron obligar al OSFE a iniciar
una auditoría
integral a la cuenta pública 2018 del Sistema DIF estatal, que siempre ha
sido un área vedada para los entes fiscalizadores, que no se habían atrevido a
tocar ni con el pétalo de una rosa a
la esposa de un (ex) gobernador. Los resultados del arqueo al organismo
que manejó 670 millones de pesos el año pasado los conoceremos en la última
semana de abril del 2020.
La cuenta pública 2018 del Poder
Ejecutivo tuvo observaciones por cuatro
mil 520 millones de pesos, en tanto que a los municipios de los Ríos y la
Sierra el OSFE les señaló irregularidades por 721 millones 645 mil pesos, y a los
de la Chontalpa y Centro, por 407 millones. En los Ríos y la Sierra, sólo Emiliano
Zapata y Tenosique pasaron el filtro
del ente fiscalizador; eso nos da una idea de qué tan mal manejaron sus
presupuestos la mayoría de los ayuntamientos.
En este momento –como dijo ayer la
diputada Hernández Calderón–, sería prematuro adelantar qué cuentas públicas municipales
del 2018 estarían reprobadas, pero
hay indicios documentales que quienes fueron alcaldes de Macuspana y Teapa dejaron
un cochinero. En fin,
no hay que especular acerca de cómo vendrán las calificaciones, sólo hay que recordarles a los diputados su
compromiso de actuar con ética, de forma transparente y con apego a la ley.
AL GRANO
¿QUÉ TENDRÁ que
ver con la calificación de las cuentas públicas 2018 la reunión que ayer
sostuvieron en la capital del país el gobernador Adán
Augusto López Hernández y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros… Se
informó que acordaron fortalecer las estrategias que permitan prevenir y
erradicar la corrupción e impunidad…
A QUIENES LE mueven el tapete a la presidenta de la Jucopo en el Congreso local, Beatriz Milland Pérez, el diputado cardenense
Tomás Brito Lara, les remarcó que en
la bancada de Morena no es ‘tema de discusión’ el cambio de coordinador
parlamentario…
BUSCA EL RECTOR de la UJAT, José Manuel
Piña Gutiérrez, antes de terminar su segundo
periodo (enero de 2020), garantizar los pagos de prestaciones de fin de año de
trabajadores universitarios… ¿Lo conseguirá?
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