Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
La revelación que Telerreportaje hizo el lunes 7 sobre una posible simulación en el
proceso de licitación para adjudicar una obra pública (sustitución de
luminarias en un tramo de avenida Universidad)
más que investigación periodística
fue una filtración; sin embargo, esto
no resta méritos a la primicia –enriquecida
con un hábil rastreo en internet– que
ha puesto en duda la honorabilidad del segundo gobierno perredista
de la capital tabasqueña.
No hay registro de alguna administración
municipal capitalina que iniciando funciones –lleva apenas cinco meses– sea
objeto de señalamientos públicos, con elementos probatorios en mano, de presuntos actos de
corrupción.
La teoría
del vocero municipal Oswald Lara Borges
de que todo no es más que una ‘teoría’ infundada, se desvanece con los
facsímiles de los documentos publicados en el portal web de la radiodifusora de los Sibilla
Oropesa.
“No
compartimos lo que se indica sobre la simulación pues para que una teoría pueda
ser fuerte debe de cumplir ciertos requisitos, entre ellos acreditar la
cantidad de fenómenos que puede explicar… por lo cual, con todo respeto, la
nota no permite establecer una serie de situaciones que demuestren que se está
simulando en las licitaciones o favoreciendo a algún grupo o particular como
mecanismo de gobierno, por lo que rechazamos categóricamente esta situación”, argumentó
Lara Borges.
Abundó en
entrevista en el mismo programa: “Si hubiese alguna irregularidad en lo
indicado, pues estamos abiertos a que se presenten las denuncias
correspondientes para que se verifique si efectivamente alguna de las empresas
que participó en esta licitación ha incurrido en alguna irregularidad, y si ha
incurrido en alguna irregularidad que se proceda a lo que la ley señala”.
Y remató
su perorata: “Es un compromiso de Gerardo
Gaudiano que si algún servidor público ha actuado despegado del marco normativo, pues que también se impongan las
sanciones correspondientes”.
La
posición del vocero municipal no despejó dudas. La información del noticiero de
XHVT dio pelos y señas sobre cómo se
desarrolló la licitación y cómo las tres empresas que participaron en la puja
están relacionadas entre sí.
Las grabadoras de los reporteros persiguieron el lunes al alcalde
capitalino, quien realizaba una gira de trabajo por la demarcación con el
gobernador Arturo Núñez Jiménez. Los
cuestionamientos desdibujaron su sonrisa.
Rechazó tener
relación con Traffic Light –a la que
se adjudicó el contrato–, y remarcó: “no hay ningún vínculo; al contrario, se
hizo una licitación, y si hubiera irregularidad he instruido que se sancione ya
sea al funcionario, y la empresa tendrá que rendir cuentas, pero no voy a
contestar supuestos”.
–Curiosamente las tres empresas tienen el
mismo domicilio… –se le insistió. Respondió cortante: “Ya fijó la postura
Oswald Lara; ya quedó muy claro”.
Se le
preguntó la relación de esas empresas con el llamado grupo Cancún –que según versiones se estaría beneficiando con la
adjudicación de la obra pública en Centro–, y Gaudiano Rovirosa contestó en el
mismo tono:
“No hay
tal grupo (Cancún); eso también ya lo
contestó Oswald Lara. Yo no voy a contestar supuestos… Esa empresa (Traffic Light) ha ganado contratos en
siete u ocho estados del país… Ustedes están en su derecho de informar y yo estoy
en mi derecho de defenderme”, asentó.
Los supuestos
que no quieren contestar en el ayuntamiento indican que las empresas Traffic
Light, Infralux, y Ramírez y García SA de CV – que tienen en común su domicilio en
Villahermosa y su origen en Puebla– han participado y ganado más contratos de
obra en la actual administración de Centro.
Más que
el enojo de la autoridad municipal porque se ventiló este asunto, preferiríamos
que se optara por el pleno esclarecimiento.
Un dato: el lunes Reforma publicó que la secretaria de Infraestructura del gobierno
de Coahuila, María Esther Monsiváis
Guajardo adjudicó compras por más de 24 millones de pesos a una empresa fantasma ‘propiedad’ de un
modesto ex empleado de una compañía de su familia. El martes el mismo diario
anunció que ella se separó de la administración moreirista.
Gaudiano está emplazado a esclarecer esta
‘teoría’, independientemente que la Contraloría municipal y el Órgano Superior
de Fiscalización hagan lo propio.
Es muy prematuro para que, en un
arranque de administración, se empañe con ‘supuestos’ una trayectoria pública
que promete mucho en el terreno político.
El tema de la corrupción que hoy parece
estar de moda, puede truncar carreras políticas o trayectorias con mucho
futuro, y para zafarse de las
acusaciones no bastan argumentos huecos
cuando lo que se exhiben son pruebas.
¿Cuál es el interés de favorecer a
empresarios poblanos? ¿Qué vínculos hay entre éstos y funcionarios de la
administración guadianista? ¿Quiénes
se beneficiarían con este tráfico de influencias?
AL GRANO
AH… Y PROMETIERON favorecer a
empresas tabasqueñas con la obra pública, adquisiciones y contratación de
servicios. Qué chula es Puebla, ¿no?
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