Columna Mi Blog: El rasero del procurador

Fernando Hernández Gómez

NO SOY DOCTOR en derecho. Mi profesión es la de periodista autodidacta y en estas tres décadas de oficio he aprendido también nociones elementales de derecho, suficientes para comprender cuando una autoridad no aplica la ley en forma pareja para todos y, por tanto, no procura justicia, como es el caso del titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal, Fernando Valenzuela Pernas… DOS ASUNTOS DE los que se ha ocupado el procurador de Tabasco exhiben su mediocre desempeño: uno es el caso Granier y todo lo que encierra el más escandaloso saqueo a las arcas estatales, sin resultados por parte de la PGJ que nos den la certeza de que se aplicará a la ley a quienes cometieron latrocinio contra el erario y se enriquecieron indebidamente… Y el otro tema es el del niño tzotzil que vendía chicles en las calles de Villahermosa y fue vejado por un empleado municipal –insignificante y vil sujeto– al que hoy le está cayendo la acción de la Procuraduría como si se tratase de cualquiera de los corruptos ex funcionarios granieristas que hoy gozan de cabal libertad… AL DÍA DE hoy la Procuraduría tabasqueña no ha terminado de integrar la averiguación previa que dé pauta a que un juez estatal le dicte formal prisión al ex gobernador Andrés Granier Melo; a sus hijos que heredaron en vida la fortuna sustraída ilícitamente; a sus amigos y compadres que fueron cómplices en negocios ilegítimos, y a sus ex colaboradores que abusaron de los cargos públicos que se les confiaron para cometer conductas indebidas en detrimento del patrimonio de Tabasco y sus habitantes… POR SI ESTO no fuese razón suficiente para que le dieran las gracias por los servicios prestados al estado, habrá que subrayar que el procurador Fernando Valenzuela trata con distinto rasero a personas que se ven involucradas en la presunta comisión de delitos… Le voy a exponer los casos de tres mujeres y usted saca sus conclusiones… ESPERANZA MAYO MARTÍNEZ fue jefa de cajeras de la Secretaría de Finanzas estatal, cuando dirigió la dependencia José Manuel Sáiz Pineda, aunque sólo estuvo encargada de esas funciones los tres últimos años del sexenio granierista… A ella le cayó de rebote el puesto, pues hasta 2009 se desempeñó como secretaria de quien jefa de Caja General de la Secretaría de Finanzas, Dora Carrera Carrera… EN SUS 21 AÑOS trabajando en esa dependencia, a Esperanza Mayo jamás se le acusó de hacer cosas indebidamente y, menos, de disponer de dinero… Pero su ascenso fue su perdición, pues la PGJ la detuvo como involucrada en el saqueo hormiga de la bóveda de la Secretaría de Finanzas… Y es que señalan que ella era quien quitaba las fajillas con sellos bancarios al dinero que ingresaba de bancos vía compañías transportadoras de valores y armaba mazos de billetes con ligas gruesas, como los 88.5 millones de pesos que aparecieron en cajas de huevo en la ranchería Lomitas, Nacajuca, a mediados de mayo de este año… EN SU DEFENSA, Esperanza Mayo alega que ella no tenía acceso a la bóveda; que el único que entraba y salía de allí eran el titular de Finanzas, José Saiz; Miguel Ángel Contreras García, subsecretario de Egresos –quien se encuentra prófugo– y Alejandro Villegas, director de Tesorería… Y de esa bóveda desaparecieron mil 900 millones de pesos de fondos federales y 500 millones de recursos estatales…  A DIFERENCIA DE muchos funcionarios del granierismo, a ella no la pueden acusar de enriquecimiento ilícito… Al momento de su detención estaba desempleada y buscaba poner un micro-negocio para sostener a su familia, para lo cual tramitaba financiamiento para una Pyme… El 17 de junio narramos aquí la historia de Esperanza Mayo, una mujer que, según quienes la conocen, es inocente, aunque para la PGJ es pieza clave en el saqueo a las arcas estatales… MARLIS CUPIL LÓPEZ fue asistente personal de José Sáiz Pineda en la Secretaría de Finanzas y estaba encargada –desde comienzos de 2013– de su despacho contable en la calle Sánchez Magallas del primer cuadro de la ciudad… Ella es la propietaria del inmueble  en que venía funcionando una refaccionaria automotriz, en Lomitas, y donde se hizo el presunto hallazgo de los 88.5 millones de pesos de procedencia ilícita… Y si usted se acuerda, Marlis Cupil no sólo acusó que elementos de la PGJ la privaron ilegalmente de su libertad y le arrancaron a golpes una confesión, sino que denunció que las cinco cajas de huevo conteniendo los 88.5 millones fueron sembradas por los judiciales estatales… UNA DE LAS acusaciones que pesan sobre Sáiz Pineda es la de lavado de dinero y esos 88.5 millones y las cajas de huevo son la evidencia… El ex secretario de Finanzas no pudo haber forzado a Marlis Cupil a que guardara ese dinero en el inmueble de su propiedad; obvio, contó con su anuencia, colaboración y complicidad puesto que se trata de dinero de procedencia ilícita… Marlis Cupil es, pues, una de las piezas claves para esclarecer el origen del dinero que supuestamente pertenece al ex colaborador de Andrés Granier Melo, pero ella a diferencia de Esperanza Mayo, se encuentra libre… Es más, se dio el lujo de denunciar penalmente al gobernador Arturo Núñez Jiménez y al procurador Fernando Valenzuela por privación ilegal de la libertad y las supuestas torturas que sufrió… CARMEN TORRES DÍAZ es (era) “funcionaria del Ayuntamiento del Centro” y fue tenida por la PGJ por su complicidad en el maltrato al niño vende-chicles que fue vejado por Juan Diego López Jiménez, ex inspector de la Zona Luz de Villahermosa… El viernes 26, el gobierno estatal informó que elementos de la Policía de Investigación de la PGJ “localizaron y detuvieron a Carmen Torres Díaz, funcionaria del Ayuntamiento del Centro que aparece en el vídeo donde agreden al niño  Manuel Díaz Díaz y que se difundió a través de las redes sociales”… SE SUBRAYA EN boletín que Carmen Torres “no impidió el abuso contra el niño y encubrió a Juan Diego López”… Y se abunda que en la averiguación previa CAMVI-II-537/2013, a esta mujer se le vincula “por delito de encubrimiento por favorecimiento”… Ella ya fue presentada para comparecer ante el Ministerio Público de turno del Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces (CAMVI) y –se afirma– en virtud de encontrarse en los tiempos de la flagrancia de 24 horas, se acordó su detención “por los probables delitos mencionados”… OJALÁ LA PGJ nos explique cómo es que ella podía impedir la agresión de que fue objeto el menor y especifique si la supuesta falta o delito cometido ameritaba que se le privara de su libertad… Y, también, que nos diga la Procuraduría cómo a esta persona relacionada con un delito –suponemos– menor, se le localizó y detuvo en tiempo récord, y no ha podido detener a los principales responsables del saqueo al estado… En fin, ahí exponemos los tres casos para que conozcamos cómo actúa el brazo de la ley en Tabasco… Y FÍJESE QUE la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) le comió el mandado a la PGJ, por ir al fondo del asunto en el caso del niño chiapaneco vejado por el abusivo inspector municipal… La oficina del ombudsman tabasqueño informó que presentó una denuncia en la PGJ por la posible comisión de los delitos de trata de personas, en su modalidad de explotación infantil, y por abuso de autoridad… La queja quedó asentada en la averiguación previa AP-CAMVI-II-537/2013 y fue interpuesta por Nidia Gallegos Pérez, tercera visitadora general de la CEDH… EL ORGANISMO BUSCÓ al menor pero en la calle Bolsa número 112, de la colonia Las Gaviotas, sólo localizó a Manuela (es María) Díaz Díaz, quien dijo que es tía Manuelito, que éste era huérfano de padre y madre, que vivía con sus abuelos en San Juan Chamula, Chiapas, y rechazó –la tía– el apoyo del ombudsman… Esta información se contrapone con versiones periodísticas que dicen que el niño no se llama Manuel sino Feliciano, que su madre se llama Andrea Díaz, que vive en la comunidad Romerillo, de San Juan Chamula, y que su padre se fue de bracero a Estados Unidos (Reforma, 28/Jul/13)… AUN ASÍ, EL gobierno estatal informó el viernes que autoridades de la Secretaría de Educación “se reunirán en los próximos días con María Díaz Díaz, tía del pequeño, para informarle la disposición del gobierno del Estado de apoyar al infante para que realice sus estudios de primaria”… Y se destacó “la voluntad del gobierno del Estado de respaldar a los grupos vulnerables y garantizar la instrucción académica de Manuel Díaz, así como de todos los niños y jóvenes de la entidad”… El caso es que este niño de la etnia tzotzil –al que en un par de boletines oficiales de los días 25 y 26 se le llamó ‘Manuel Díaz Hernández’– no es tampoco Manuel Díaz Díaz, sino que se llama Feliciano Díaz Díaz… EL DOMINGO, EN comunicado oficial se da a conocer –atribuyéndosele la información a la PGJ– que “a las 11:21 horas del día de hoy fue entregado el menor ‘Manuelito’ y/o ‘Feliciano’ Díaz Díaz, a su mamá Andrea Díaz Pérez, de quien se desconocía su existencia y acreditó su parentesco, así como los estudios del menor, de 4º año de primaria, recientemente concluidos”… Y nos salta ooooootra duda: si la señora Andrea Díaz ‘acreditó’ el parentesco con el niño, cómo es que en el comunicado se le pone ‘Manuelito’ y/o ‘Feliciano’… Y MÁS QUE pregunta, es duda: ¿Quién es María Díaz Díaz, a quien la PGJ tomó declaración en calidad de ‘tía’ del menor según se asienta en la averiguación previa CAMVI-II-537/2013 iniciada el miércoles 24 de julio?... ¿Qué sujetos con personalidad jurídica son los denunciantes de abuso de autoridad y robo (con violencia moral), en contra del menor ‘Manuel Díaz’?... O sea que la averiguación previa se integró con un nombre falsó: ‘Manuel Díaz Hernández’ y/o ‘Manuel Díaz Díaz’… El caso es que los inculpados (Juan Diego López y Carmen Torres) ya tienen por dónde agarrarse para su defensa legal… Y ES QUE es importante corroborar datos y asentar información correcta en las averiguaciones previas, porque al cometerse errores luego se caen las acusaciones, como ha pasado en un titipuchal de casos… Por algo, el domingo 28, en Macuspana, el procurador Fernando Valenzuela Pernas decía que “la PGJ puede hacer muchos esfuerzos en su investigación pero, si a la hora de recibir una evidencia no está bien integrada o contaminada, todo lo realizado de nada servirá”… De allí, insistió, la importancia de que cada corporación efectúe de la mejor forma su papel… ¿Lo está haciendo la PGJ?... LE CUENTO QUE el periodista Roberto Zamarripa, en su columna Tolvanera, de Reforma hace hoy un interesante relato del drama de Feliciano y su familia… Todo lo que escribió iba bien hasta que apuntó: “Tras el escándalo viralizado en redes sociales, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, destituyó al funcionario municipal (y el alcalde, bien gracias), le abrió averiguación previa y prometió al niño una beca escolar”… HABRÁ QUE ACLARAR que fue el alcalde Humberto de los Santos Bertruy, y no Núñez, quien destituyó al empleado –que no ‘funcionario’–; si lo hubiese hecho u ordenado el gobernador habría violado la autonomía municipal… La averiguación previa tampoco la abrió el gobernador sino la PGJ que se rige –suponemos– por el derecho y no por órdenes o sugerencias del Ejecutivo… ¿Y la beca…? Mmmmmm… Por lo demás, está interesante la opinión de Zamarripa y las cifras que publica sobre pobreza infantil… OJALÁ AHORA ENTRÁRAMOS al debate, a una discusión seria sobre la niñez tabasqueña, sus condiciones socio-económicos, sus posibilidades de acceso a los satisfactores de bienestar, principalmente la educación y salud… Eso debe interesarnos más que una beca para ‘Manuelito’ o ‘Feliciano’, que bien la debería pagar Manuel Velasco Cuello, gobernador de Chiapas, dado que se trata de un habitante de su estado que vino de ‘vacaciones’ a ganarse unos pesos en Tabasco… Buenas tardes.