Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Hace diez años, por estos días, comenzaron
a registrarse anegaciones de cuidado en diversos puntos de la entidad, por el
desbordamiento de ríos que rebasaron sus escalas críticas a causas del exceso
de agua de un frente frío (número 5) y el aumento en la turbinación y desfogue de las presas del Alto Grijalva, que estaban captando más agua que su capacidad de
embalse.
A fines de octubre y principios de
noviembre del 2007, gran parte de la geografía tabasqueña –se estimó que 70 por
ciento– estaba cubierta por agua y decenas de miles de personas tuvieron que
abandonar sus hogares para buscar refugio dentro y fuera del estado.
Aquella mega-inundación destruyó el patrimonio de millares de familias y de
gran parte de la infraestructura, siniestró tierras cultivables (más de 700 mil
hectáreas), paralizó por completo las actividades económicas y, contra todo lo que
se especuló, no se conoció oficialmente de pérdidas de vidas humanas.
De las cosas buenas que dejó aquella catástrofe valga recordar la
solidaridad que, convertida en víveres, ropa y medicamentos principalmente, nos
llegó de todas partes de México y el mundo.
De los malos recuerdos, no podrá
olvidarse que mucha de la ayuda fue desviada a otros fines, que a la inundación
se atribuyó la desaparición de bienes del estado y la destrucción de obras
públicas que nunca se hicieron o estaban en proceso, y que muchos millones de
pesos se tiraron en costaleras.
Aquella contingencia que no logra
borrarse de la mente de los tabasqueños –unos 850 mil resultaron damnificados–,
pues no sólo perdieron sus bienes sino también recuerdos familiares de toda una
vida, nos mostró qué tan frágiles somos ante los embates de la naturaleza y nos
puso en alerta para que otra situación similar no nos tomara desprevenidos.
Había que forjar una cultura de la
prevención y debía construirse toda una infraestructura de protección de los
centros poblacionales, para dejar de depender de las bardas de sacos llenos de
arena para tratar de contener los desbordamientos de cuerpos de agua.
Podemos presumir que tenemos un sólido
Sistema Estatal de Protección Civil, en el que se coordinan autoridades de los
tres órdenes de gobierno para atender cualquier emergencia; sin embargo, no
puede decirse que el grueso de la ciudadanía sepa todavía qué hacer y a dónde
acudir en caso de cualquier fenómeno natural o siniestro causado por el hombre,
que ponga en peligro su integridad. Lo vimos con el sismo del 7 de septiembre
reciente.
Ahora mismo nos encontramos inmersos en
una época de fuertes precipitaciones pluviales que ya están causando estragos
en localidades de la región de Los Ríos. Desde inicios de mes nos advirtieron que
se esperaba que octubre fuese un mes con 25 por
ciento de más lluvias que la media
histórica.
Habrá que estar preparados para lo que
venga. Esperemos que la intensidad de los frentes
fríos que se están dejando venir, no provoque estragos a los bienes de las
personas y a las actividades productivas, ni pongan en peligro a nadie.
Sin embargo, queremos subrayar dos cosas
que nos parecen que el gobierno federal no está atendiendo con la seriedad y
compromiso que amerita un estado que, año con año, se ve amenazado por lluvias
y crecientes.
Una, es la ausencia del director local
de la Conagua. Desde el 30 de julio que se conoció la renuncia de Iván Hillman Chapoy, esa representación federal permanece acéfala.
Nadie se ha molestado en decir a los tabasqueños que no es necesaria la
presencia de un delegado para la toma de
decisiones y para el ejercicio de los recursos públicos asignados.
La otra tiene que ver
con las obras pendientes del Programa
Hidráulico de Tabasco (Prohtab), pues falta terminar 15 por ciento de acciones
contempladas, que requieren inversiones por mil 200 millones de pesos –comprometidos
por el Presidente de la República–, y también con el estado que guarda la
infraestructura construida para la protección de centros poblacionales, sobre
todo de la capital tabasqueña, cuya defensa del exceso de agua depende de
bordos, bardas y sistemas de bombeo para su desalojo oportuno.
Si de por sí el ahora ex delegado de
Conagua había señalado que “ninguna obra garantiza al cien por ciento que no
haya daños por lluvia”, ¿cómo sabemos que toda esa infraestructura y equipos de
protección se encuentra en buen estado, si no se conocen informes de que se
estén revisando o realizándoles mantenimiento? Ahí tenemos el caso de la
compuerta de Boca de San Gerónimo, en
Jonuta, que registra grietas y filtraciones de uno de los brazos del Usumacinta,
que pusieron en alerta al Instituto de
Protección Civil, pues de esa obra depende la seguridad de cuatro mil 500 habitantes.
De igual manera se sabe de deslaves y
deterioro de muchos bordos a orillas de ríos y cuerpos lagunares. ¿Quién da
cuenta de ellos? ¿Quién responde?
AL
GRANO
DE RISA… Se canceló por enésima vez la
visita del jerarca nacional del PRI, Enrique
Ochoa Reza… Pa’mí que no quiere
venir y que al tricolor se lo llevó la parca…
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