Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
En la Fiscalía General del Estado (FGE) se acaba de
destapar otra cloaca. Su titular Jaime Humberto Lastra Bastar reveló que
durante 2018 se omitió el registro de 13 mil 219 delitos cometidos en la
entidad, cuando la cifra real fue de 58 mil 271; esto es, que uno de cada
cuatro ilícitos no se reportaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SNSP).
¿Cuál fue la razón de maquillar las cifras en la dependencia que tuvo a su cargo Fernando Valenzuela Pernas? Quizá lo
que pretendió el ex fiscal general fue hacer creer allá (al poder central) y
acá (a los tabasqueños) que en el combate a la incidencia delictiva se actuaba
de manera eficaz; que los recursos asignados a las fuerzas de seguridad se
aplicaron de manera correcta y que los resultados estaban a la vista. Nada más falso. La percepción de inseguridad, el temor
que sentían los ciudadanos lo desmentían a diario.
Veamos qué ocurrió en la Fiscalía. Su titular envió
ayer un oficio al secretario ejecutivo del SNSP, Franco Fabbri Vázquez, en el que hace de su conocimiento que
durante 2018 se omitió el registro de 13 mil 219 delitos y que, a raíz de ello,
no fueron contabilizados en las cifras de incidencia delictiva que publica ese organismo
nacional.
Lastra
Bastar puntualizó en su misiva que, derivado de un proceso de análisis de las
series estadísticas anuales, llamó la atención “la atipicidad del
comportamiento de los indicadores” en el reporte correspondiente al 2018, lo
que dio pie a una investigación estadística que arrojó que el año anterior se
dejaron de reportar los datos delictivos de forma exacta.
Para enmendar la página a los datos
maquillados que remitió al SNSP su antecesor Fernando Valenzuela, el actual fiscal
general instruyó a su área de informática y estadística que enviara la información
correcta para que el organismo nacional pudiera actualizar los datos de Tabasco del año 2018.
Y es que
en el reporte anual originalmente hecho llegar al Secretariado del SNSP se contabilizaban
45 mil 052 delitos, siendo la cifra correcta de incidencia total, 58 mil 271;
esto es, se ocultó uno de cada cuatro delitos.
“Esta
falta provocó que en el comportamiento histórico, Tabasco registrara en 2017, 60
mil 395 delitos y para 2018 bajara abruptamente a 45 mil 052. Con los datos
definitivos, se puede concluir que esta tendencia a la baja no era real, sino
que su rango se mantuvo cerca de los 60 mil eventos delictivos anuales como
prácticamente fue durante los 10 años anteriores”.
Valenzuela
Pernas quiso hacer creer que las políticas y acciones aplicadas en Tabasco para
reducir la incidencia delictiva estaban dando resultados; que la tasa iba a la
baja. La caída del índice delictivo reportada
fue tan abrupta y bruta que no pudo engañar a su sucesor, Jaime Lastra, quien
se percató que de la noche a la mañana
se rompió el promedió de una década en 25 por ciento.
Ante ello,
el fiscal general refrendó su compromiso de informar de forma real y
transparente sobre la actuación de la FGE, para que la ciudadanía esté
plenamente y verazmente informada de su actuar.
Suponemos que al maquillar las cifras, Fernando Valenzuela pretendió hacer creer que
los recursos que recibió del empréstito de 700 millones de pesos ejercidos los
dos últimos años del régimen pasado, se aplicaron de manera eficaz y que los
resultados estaban en las estadísticas… en sus números falsos.
Lo que se palpó fue un clima de inseguridad terrible;
nadie se sintió tranquilo los últimos años en la calle, en su casa, en su
vehículo, en su negocio. Los números que arrojaba la encuesta de percepción de
seguridad aplicada por el INEGI, lo desmintieron mes con mes, pues los
habitantes de Villahermosa expresaban una sensación de inseguridad mayor al 95
por ciento, que ubicaron a la capital tabasqueña entre las cinco urbes más
inseguras del país.
En fin, ya vimos que maquillaron las estadísticas. Habrá que observar ahora, con lupa,
cómo ejercieron el gasto público en las instituciones de seguridad, de procuración
y administración de justicia, no vaya a ser que nos vayan a querer pasar la rata por los ojos.
AL GRANO
NO HAY GOLPETEO…
A raíz de un par de incidentes que se relacionaron con la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) –un presunto robo en las oficinas
centrales y el uso de celulares en el interior del reclusorio– se atizaron
versiones de que estaban contados los
días del titular, Jorge Alberto
Aguirre Carbajal… Para frenar esta rumorología,
el secretario de Gobierno, Marcos
Rosendo Medina Filigrana sostuvo ayer que no hay golpeteo, ni división en el gabinete de Adán Augusto López Hernández… El responsable de la política interna
aseguró que el gobernador cuenta con un equipo sólido y solidario, que trabaja
unido y en armonía… Dejó claro que el mandatario es el único que puede remover
a sus funcionarios… Y el gobernador manifestó que no piensa quitar al
secretario de Seguridad; que Jorge Aguirre tiene su voto de confianza…
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