Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Aunque no son tiempos electorales
–estamos en la fase poselectoral final de una elección municipal extraordinaria–,
los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
(IEPCT) son objeto de un enjuiciamiento que se ventila en medios, en razón de una
serie de eventos que ponen en tela de
juicio su actuación y que, sumados, han dado pauta al descrédito de dicho
órgano, desde su arribo en octubre de 2014.
Su
responsabilidad es tan alta, que en sus manos está procesar y certificar la
voluntad de los ciudadanos en ese momento que se repite cada tres y seis años,
que es sin duda la toma de decisión más importante en su participación cívica:
elegir directamente a sus gobernantes y a sus representantes populares.
Su trabajo
en épocas electorales suele ser arduo, complicado y bajo intensa presión, y
deben hacerlo sujetándose a normas y a tiempos, a procedimientos y a valores
que dan validez y vigencia a nuestros procesos democráticos: legalidad,
imparcialidad, objetividad y certeza.
Como pago a
su desempeño, los consejeros y funcionarios que les acompañan, reciben ingresos
económicos que a muchos parecen exorbitantes en estos tiempos en que se habla
de austeridad, dadas las restricciones presupuestales. Tan elevados emolumentos
y tan pobres resultados.
No sólo
ganan demasiado sino también lo ocultan, incumpliendo con el deber legal de
rendir cuentas de los dineros públicos que maneja dicho órgano. Como que la ley
la aplican a conveniencia y la transparencia… ¿qué es eso?
Como otros
órganos autónomos –léase Tribunal Electoral de Tabasco– hacen lo mismo
ocultando sus onerosos ingresos, en el IEPCT suponen que no pasará nada, que
todo no es más que un escándalo que pronto se olvidará.
La exigencia
de que se transparenten los salarios totales de estos funcionarios públicos
lleva varias semanas, meses ocupando espacios en medios, no tanto porque se
tenga curiosidad por saber cuánto ganan, sino para entrar a una materia que
tiene que ver con el manejo de los dineros del pueblo que, por lo que se
intuye, dista mucho de la probidad y la austeridad, y por lo que se aprecia,
nadie fiscaliza de manera auténtica.
En los portales de transparencia publican lo que quieren
y lo hacen cuando quieren. Creen que con subir
a sus páginas webs los facsímiles de
recibos de nómina se cubre el expediente legal y se satisface la exigencia
ciudadana.
En la misma tesitura de los consejeros están otros
funcionarios del IEPCT: secretario ejecutivo, directores y hasta quien es
titular de la Contraloría, el órgano interno que debe velar por el manejo
escrupuloso del presupuesto.
Dicen que hay consejeros que ganan más que el gobernador.
Los números que trascienden se aproximan a un promedio de 100 mil pesos
mensuales. Hace unos meses (en 2015) la presión ciudadana los obligó a declarar
que reducirían sus ingresos en 20 por ciento, pero a nadie quedó la certeza de que
lo hicieran.
Y cuando son tiempos electorales se asignan bonos por su ‘trabajo extra’ con montos
que rayan en la desfachatez.
No se sabe si en breve o en un mediano plazo se legislará
para poner un tope, un freno a la ambición desmedida de consejeros y
magistrados electorales que, se afirma, también ganan más que los magistrados
del Poder Judicial estatal.
El investigador Javier
Herrera Escamilla estimó que cada consejero electoral se embolsa anualmente
un promedio de dos millones de pesos. Esto es, más de 160 mil pesos mensuales
para cada uno.
Quiere decir esto que en lugar de bajarse el sueldo, se
lo aumentaron. Y que más de la mitad –65 por ciento, según Herrera– del
presupuesto del IEPCT para 2016 es para pago de nómina de consejeros y
funcionarios del órgano.
Para el el diputado del PVEM,
José Manuel Lizárraga, lo más viable
es la destitución de los consejeros del IEPCT. El problema con ellos no es sólo
lo mucho que ganan y lo poco que transparentan, sino una serie de conductas
antijurídicas, como la que motivó que el pleno del TEPJF anulara (17/Dic./ 2015)
la elección de presidente municipal en Centro.
La destitución
de los consejeros electorales de Chiapas por el mismo TEPJF (11/mayo/2016)
sienta un precedente que puede llevar a disolver también a todo el Consejo
Electoral local de Tabasco.
Una de las razones por la
que se removió a la totalidad de los consejeros electorales en el vecino
estado, fue porque no se respetó el criterio de paridad de género.
Luego que se ordenó
sustituir a candidatos varones por mujeres, ¿qué pasó allá? Esposas, hermanas y otras mujeres familiares de
políticos varones locales, sobre todo de PRI y PVEM, aparecieron en las boletas
de la elección. ¿Qué pasó acá? ¿Y quién lo permitió?
Eso, sin contar todas las
tropelías suyas que dieron pauta a anular la elección en Centro. Ni que han
olvidado eso de la ‘honrosa medianía’ juarista.
Lástima. Estos
consejeros no han hecho más que demeritar su actuación y, con ello, desprestigiar
al órgano que debería ser una institución modelo, orgullo de los tabasqueños y
garante de su vida democrática.
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