Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
No
hay un gobierno en este país, y quizá en el mundo –del orden jerárquico o color que sea– que no haya sido objeto
de señalamientos sobre irregularidades en su desempeño: las acusaciones irían
desde desvíos de recursos, subejercicios y malversaciones, hasta
enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. El que esté libre de pecado…
De
un tiempo a la fecha, las redes sociales
de los tabasqueños se han inundado
con señalamientos de corrupción que lo mismo van dirigidos al actual titular
del Ejecutivo, que a algunos de sus colaboradores.
Las
acusaciones, aunque despiadadas, ya se han ventilado en medios de comunicación –algunas
ocupan espacios noticiosos; otras, quedan en el terreno de la especulación–, no
son generalizadas, y en muy contados casos, se hace referencia a presuntas
evidencias.
¿Qué
se dice? ¿De qué se acusa? Revisemos los casos más sonados:
La
única denuncia seria –a la que por cierto le falta el acompañamiento de la acusación en instancias penales y
administrativas– es por la presunta compra a sobreprecio de un terreno de 88 hectáreas que se destinaría al
establecimiento de la Zona Económica
Especial (ZEE) en Paraíso.
El
denunciante fue ni más ni menos que
el gobernador electo Adán Augusto López
Hernández, y los señalamientos involucraron a funcionarios de las
secretarías de Administración, y de Desarrollo Económico y Turismo del actual
gobierno. La Contraloría estatal inició, por instrucciones del gobernador Arturo Núñez Jiménez, una indagatoria
de la que aún no han dado a conocer avances.
Al
ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el ahora
diputado por el PRD, Agustín Silva Vidal
se le acusó de beneficiarse, presuntamente, con sobornos exigidos a quienes
incurren en piratería en el
transporte público. No existe denuncia formal que lo incrimine, hasta ahora.
Al
ex titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección al Ambiente (Sernapam),
el también legislador perredista Ricardo
Fitz Mendoza, se le señaló de presunto enriquecimiento inexplicable por la
adquisición de un penthouse en una torre
en condominio (Laguna Park) en
exclusiva zona villahermosina, y de exhibir ganado
de registro en un rancho que –dijo– pertenece a la familia paterna. La
Contraloría inició indagatoria.
Si
hubo corrupción en la compra del dron
de 12 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), o de
luminarias para el alumbrado público de Villahermosa, con recursos del
empréstito de 700 millones para reforzar a corporaciones de seguridad, es un
asunto que aún no dilucida el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE)
y que forma parte de las cuentas públicas 2017 y 2018 del Ejecutivo estatal.
La
anterior administración de la capital del estado (2016-2018) ha sido acusada de
contratar con fines electorales, entre enero y junio de este año, a 465
empleados eventuales por casi 17 millones de pesos, que se habrían cargado a la
nómina del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) de Centro.
Podrían
citarse más casos pero sería abonar a
la especulación. No es el estilo de Sin
Rodeos. Esperemos que todos los presuntos casos de corrupción conocidos y
los que se detecten en la revisión de las cuentas públicas de los dos últimos
años de los poderes estatales y gobiernos municipales, sean documentados, se
denuncien con toda formalidad, y no queden en el terreno de la especulación,
sólo para desacreditar a adversarios políticos.
Hasta
hoy, nadie ha aportado un elemento probatorio que permita atribuir con seriedad
la crisis hospitalaria a desvíos de alguno de los cuatro secretarios que ha
tenido la Secretaría de Salud, ni a los directores de los nosocomios, o probar que
con el programa de reconstrucción de
escuelas se habría beneficiado el titular de Educación, Ángel Solís Carballo, como apuntan
datos especulativos.
Hay
muchos temas que merecen esclarecerse totalmente: la operación de compra-venta
del terreno de la ZEE en Paraíso, la compra del dron de 12 millones y de 18 mil luminarias tipo led en 200 millones, el crédito de 30
millones condonado a la Unión Ganadera
Regional de Tabasco (UGRT), la extraña cancelación de la reasignación de 125
millones a la Secretaría de Salud, y la aplicación de los 88 millones de pesos
incautados en 2014 en Lomitas en acciones para la SSP y Fiscalía General del
estado (FGE). Aunque no exista en ello actos de deshonestidad, la ciudadanía
merece respuestas.
Decía
el sábado el dirigente estatal del PRD, Darvin
González Ballina, que hubo funcionarios que “no
estuvieron a la altura” de Arturo Núñez, y acotaba: “si alguien cometió errores
o le metió la mano al presupuesto, ya
tendrán que decidirlo las autoridades”. Resaltó que el gobernador “puso su
mayor esfuerzo” para sacar adelante a Tabasco.
¿Qué
o quién falló? Como apunta González Ballina, eso tendrán que decidirlo las
autoridades. A Arturo Núñez le preguntaron el fin de semana si su participación
en la consulta convocada por Andrés
Manuel López Obrador, tenía que ver con su cuenta pública. Respondió airado:
“No tengo respuesta a esa pregunta tan torpe. Perdóneme,
pero es muy torpe. No tiene nada que ver mi amor por Tabasco, mi decisión de
apoyar una refinería para Tabasco y un tren, con las cuentas públicas. Yo no
tengo cola que me pisen”.
AL
GRANO
EL
PRIMER PRESIDENTE de origen tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, vendrá a su estado el 9 de diciembre a presentar el Programa Nacional de Refinación, que
comprende la reactivación de las seis refinadoras de petróleo existentes y la
construcción de una nueva en Tabasco, adelantó el gobernador electo Adán
Augusto López Hernández…
AL EMITIR su voto en la consulta sobre programas que serán
prioridad en su gobierno, el Presidente electo celebró que la gente saliera a
participar en este ejercicio, y remarcó que todos los mexicanos se deben
acostumbrar a la democracia participativa…“Hay
que fortalecer el hábito democrático”,
enfatizó;
ahora veremos qué tanto el nuevo Presidente somete a consulta temas que
interesan a los ciudadanos, para que sea una democracia de ida y vuelta...
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