Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
La lectura de la escena que circuló el fin de
semana, con un recinto legislativo tomado
por empleados sindicalizados y diputados prácticamente secuestrados al no
permitírseles salir del edificio, fue que Morena –el nuevo partido mayoritario– vivió su primera crisis.
Conviene revisar lo que sucedió la
semana anterior, tanto en el salón de plenos como con la manifestación de los
tres sindicatos con los que tiene relación el Poder Legislativo, para entender
lo que pasa con la nueva era morenista
en Tabasco.
Apenas instalada la 63 Legislatura local, los
diputados obsequiaron a los
tabasqueños reformas históricas surgidas de iniciativas de Morena para eliminar
el fuero que dio impunidad a funcionarios públicos y reducir a la mitad el
excesivo financiamiento público a partidos políticos.
Después, los legisladores cayeron en temas frívolos
con un debate en torno al penthouse,
las vacas y el buey del diputado
perredista Ricardo Fitz Mendoza, sobre
quien cayeron señalamientos de supuesto enriquecimiento ilícito cuando fue
titular de Sernapam, y a las inasistencias –en momentos torales para el
Congreso local, porque se iba a reformar la Constitución local– del morenista Ariel Cetina Bertruy, que adujo problemas de salud ‘muy personales’.
El debate que tuvo mayor repercusión y puso en el ojo del huracán a Morena, fue la discusión
a otra iniciativa del partido mayoritario para reformar las leyes de Obras
Públicas y de Adquisiciones del estado, para concederle al siguiente titular
del Ejecutivo facultades para que –sin licitación pública– asigne obras, adquiera bienes y contrate
servicios que se relacionen con la construcción de la refinería en Paraíso por el
próximo gobierno federal.
Morena
logró que la polémica iniciativa se aprobara el jueves –con 27 votos a favor, seis en contra y una abstención– pero
exhibió su frágil discurso y la falta de cabildeo
tanto en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside la
jefa de su bancada, Beatriz Milland
Pérez, como hacia el sector empresarial, el tercer interesado, que mostró recelos y reservas a dichas
modificaciones, y al que se le tranquilizó
con la promesa que se les tomaría en cuenta en el diseño del Reglamento de la Ley de Obras Públicas.
Más
allá de si con la reforma se otorgó un cheque
en blanco al próximo gobernador, fue interesante el debate generado pues hizo
evidente la necesidad de que Morena cumpla una de sus compromisos de campaña:
hacer política de manera distinta y de frente a los ciudadanos, por lo que
antes de recetarnos nuevas reformas
legislativas deberá someterlas a la revisión y análisis de los sectores de la
sociedad relacionados. Nada en los oscurito,
es la promesa.
La
semana cerró con un episodio penoso el viernes. Reclamando el pago de una compensación –que la 62 Legislatura que
terminó periodo el 4 de septiembre no dejó presupuestada, y que la debutante 63
tampoco está obligada a otorgar–, los empleados sindicalizados no sólo cerraron
accesos al edificio sede del Congreso local sino que retuvieron indebidamente
por 12 horas a diputados, incluida Betty
Milland, y a otras personas que se encontraban en el interior.
Los
dirigentes de los tres sindicatos con los que el Poder Legislativo mantiene relación
laboral alegaron que la compensación está
“debidamente fundamentada en las Condiciones Generales, en el artículo 32
que establece que todos los trabajadores de base percibirán una compensación
mensual”.
La Jucopo los desmintió asegurando que no existe documento
que establezca el compromiso del pago de este complemento al salario de 172
sindicalizados; tampoco fue presupuestado para el inicio de la 63 Legislatura, cuyas
funciones comenzaron el 5 de septiembre. El edificio y los cinco legisladores secuestrados fueron liberados a las 2:30
horas del sábado, luego que el presidente de la Mesa Directiva, Tomas Brito Lara firmó un acuerdo de
que hoy lunes se revisará el tema en la Jucopo y el miércoles se dará respuesta.
Ninguna
entidad pública está obligada a otorgar compensación a sus empleados; se
concede como un estímulo que se otorga quienes aportan esfuerzo y tiempo extra
a favor de la actividad encomendada. Pretender obtenerla por medio de la presión
es chantaje, y retener personas, es delito.
EL INFORME DE
CASILDA
Frente a ciudadanos del municipio y del gobernador Arturo Núñez Jiménez, la alcaldesa Casilda Ruiz Agustín rindió el fin de
semana el tercer y último informe de resultados del gobierno capitalino. Destacó
que en este periodo se logró reducir la deuda bancaria
contratada en junio del 2015 para finiquitar el pasivo heredado desde la
administración de Jesús Alí, al
pasar de 423 millones de pesos, a 302.9 millones.
“Ejercimos de manera
responsable y con eficacia los recursos públicos, lo cual ha sido reconocido por
la calificadora financiera internacional Fitch
Ratings que apenas el 19 de septiembre mejoró la calificación para el municipio al considerar que Centro cuenta con
una economía fuerte y estable”, afirmó.
Adelantó que está
presta para la entrega-recepción de la administración a las nuevas autoridades.
“Desde ahora manifiesto que será una entrega ordenada e institucional. No
tenemos nada que ocultar”, sostuvo en presencia de su antecesor, el edil con
licencia Gerardo Gaudiano Rovirosa.
AL GRANO
DESPUÉS DE SU experiencia como candidata a la
alcaldía de Centro por el PVEM, la empresaria Ady García López anunció que en su nueva faceta será crítica de la
actuación de los próximos gobiernos estatal y municipal…
EL MANDATARIO estatal designó a Adriana Balcázar Romero como nueva directora general del Cobatab,
en lugar de Emilio de Ygartua…
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