Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Las presiones de actores políticos y representantes
de agrupaciones empresariales y sociales estaban a la orden del día. ¿En qué se invirtieron los 700 millones de pesos del
empréstito autorizado por el Congreso local al gobierno del estado para
reforzar a las instituciones de seguridad? ¿A dónde fue a parar el dinero?, cuestionaban para argumentar que la
incidencia delictiva no cejaba.
Por instrucciones del gobernador Arturo Núñez Jiménez, los funcionarios
que tuvieron que ver con el empréstito –desde el mecanismo para solicitarlo, su
distribución y la forma en que se aplicó–, comparecieron ayer ante
representantes de los medios de comunicación, y lo hicieron teniendo como
testigos a quienes han sido críticos a su desempeño: Julia Arrivillaga, de Observatorio
Ciudadano Tabasco; Rosa María Cacep
Rodríguez, de la Mesa de Seguridad y
Justicia, y a Pablo Ulises Jiménez
López, del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco.
Al presentarlos, el coordinador de Comunicación
Social, Francisco Peralta Burelo,
subrayó que el gobierno nuñista ha
hecho de la seguridad pública su “mayor prioridad” y ello fue lo que lo motivó
a adquirir el empréstito bancario de 700 millones de pesos, el único que hizo esta
administración –acotó–, para mejorar la capacidad instalada, la
profesionalización y calidad del servicio.
El fiscal general del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, aseguró que a partir del ejercicio de estos
recursos –que en el caso de la FGE ascendieron a 101.1 millones de pesos–, hubo
un descenso “con resultados medibles” en los índices en delitos como secuestro,
robo a comercio y a casa-habitación, abigeato y extorsión.
Detalló que en el comparativo entre los periodos de
enero-agosto 2017 y 2018, hay un descenso de 55.35 por ciento en los secuestros;
en robo a comercio se tuvo una disminución de 44.89; en robo a casa-habitación de
32.29, y en extorsión la baja fue de 48.50 por ciento en lo que va de este año
respecto al mismo periodo del año anterior.
El titular de la FGE admitió que “traemos temas
pendientes” y aludió al caso de robo de vehículos, que trae una escalada
nacional y que obligará a hacer un replanteamiento
de las estrategias para reducirlo.
Precisó que con los recursos que le asignaron se
reforzaron áreas como servicios periciales, combate al secuestro y se mejoró el
armamento; destacó la adquisición de un laboratorio
de genética forense que ha ayudado a esclarecer homicidios dolosos y
feminicidios.
El secretario de Seguridad Pública, Jorge Aguirre Carvajal, dio pormenores
de la aplicación de los más de 233 millones de pesos asignados a la SSP, que
permitieron mejorar la infraestructura de la Academia de Policía y del Centro
de Reinserción Social del Estado (Creset), así como adquirir equipo en
telecomunicaciones, 112 patrullas y moto-patrullas, y tecnología (arcos) para lectura de placas vehiculares, además de
armamento y equipo de protección.
Fíjese que el titular de la Secretaría de Recursos
Naturales y Protección Ambiental (Sernapam), Juan Carlos García Alvarado, habló de las acciones para prevenir el
delito y recuperar espacios públicos, que están en proceso con los 200 millones
de pesos que le asignaron para la compra de luminarias tipo Led para 166 colonias y avenidas de
Villahermosa, cuya colocación se estima concluir en septiembre.
En tanto que el secretario de Gobierno, Rosendo Gómez Piedra, abordó la
adquisición de video-cámaras para el C-4
–que desde esta administración está a cargo de esa dependencia, por ser estrategia
nacional que “posiblemente cambie” el próximo sexenio–, así como de un dron, entre otros equipos que tuvieron
un presupuesto de 167.5 millones de pesos.
A quien correspondió hacer todo el trámite del
crédito fue al secretario de Finanzas, Amet
Ramos Troconis. Mencionó que el banco Scotianbank
Inverlat ganó la convocatoria con la tasa más baja ofertada –8.99 por
ciento fija en un plazo de 10 años–, con garantía en las participaciones federales
del estado. Rechazó que el gobierno de Arturo Núñez vaya a contraer nuevos
empréstitos para cerrar administración,
e indicó que cada funcionario es responsable de la aplicación de los recursos
conforme a lo que marca la ley.
Al cerrar la conferencia, el responsable de la
política interna aseveró que la transparencia del empréstito está debidamente
documentada y puesta a disposición de los ciudadanos en el portal web del gobierno estatal. “Dejamos claro
dónde quedaron invertidos los recursos”, sostuvo Gómez Piedra.
Habrá que corroborar algunas cosas: como la
inversión en luminarias que se llevó casi un tercio del empréstito, y la adquisición
de un dron para funciones de
vigilancia y prevención del delito con costo de 12 millones de pesos.
AL GRANO
LE TIENDEN
CAMA A la 63 Legislatura… Para que la siguiente Legislatura pueda llevar a
cabo su plan de austeridad, que
consiste en adelgazar la estructura
del Congreso local, en periodo extraordinario se
aprobó ayer la reforma a la Ley Orgánica
del Congreso local, para eliminar 10 comisiones orgánicas y cinco
direcciones administrativas…
¿LA CHACHA
DE la chacha?… ¿Cómo ve que
la diputada local de Morena, Candelaria
Pérez, fue acusada por una trabajadora sindicalizada del Congreso local que
le asignaba labores domésticas, cuando su función era fungir como secretaria de
la oficina de gestoría?... De que las hay, las hay…
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