(Viernes 22 de noviembre de 2013)
Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Especial para diario Rumbo Nuevo
Allá en su frío cuarto-celda de la Torre Médica del reclusorio femenil Tepepan, de la Ciudad de México,
Andrés Granier Melo debió recibir
con resignación, o tal vez con enfado, la noticia –ya esperada– de que su
última cuenta pública como titular del Ejecutivo de Tabasco fue reprobada ayer en el Congreso local de
forma tan similar a la que él hizo su ‘estilo de gobernar’ cuando se trataba de
someter a los adversarios: el avasallamiento.
Fueron 25 votos a favor (PRD, PT, MC, PAN y PVEM) y ocho
abstenciones (PRI y Panal), con las que el pleno del Congreso local determinó reprobar
su desempeño en el ejercicio fiscal 2012, al que documentaron irregularidades
por cinco mil 400 millones de pesos, dentro del presupuesto autorizado para ese
año por 37 mil 771 millones 687 mil 164, lo que dará a pie a sanciones
administrativas y penales.
Y nadie, nadie del partido del ex gobernador emitió un
voto a su favor.
Si bien la muestra
seleccionada por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) abarcó apenas obras
y acciones por 11 mil 44 millones 184 pesos, de los 37 mil 771 millones
gastados el año pasado, las anomalías detectadas representan 49 por ciento del
monto fiscalizado, y de ellas se derivaron dos mil 376 observaciones
presupuestales, financieras, físicas y de control interno, que no fueron
solventadas por las dependencias involucradas.
Hay que tener en cuenta que se trata de una ‘muestra aleatoria’, o sea al azar, de la
cuenta pública 2012 del Ejecutivo, y según los expertos, por tratarse de más de
la tercera parte del presupuesto anual (38 por ciento), es suficiente para
determinar si hubo un manejo correcto o no de los recursos públicos.
Y el fallo del OSF que este lunes avaló la 61 Legislatura
determinó que de cada peso ejercido por el gobierno granierista, la mitad se hizo de manera irregular.
Lo que sigue ahora es que el titular del Ejecutivo, Arturo Núñez Jiménez, ordene la
publicación de este decreto en el Periódico
Oficial del Estado, para que el OSF dé paso a los sanciones que pueden
derivar en penalizaciones administrativas como la inhabilitación de ex
funcionarios y en denuncias ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para
que se inicien procesos penales contra los presuntos responsables de dichas
irregularidades.
Y la acción de la justicia podría alcanzar a quienes se
desempeñaron el último año como titulares de las secretarías de Finanzas, de
Salud, de Asentamientos y Obras Públicas, y de Educación, así como del Injudet,
entre otros, según lo que se desprende de 23 proyectos que no calificaron favorablemente.
La reprobación de la última cuenta pública de la
administración granierista, que era bola cantada, fue motivo para un
acalorado debate en la sesión de ayer en el Congreso local.
Y lo que para la diputada priista Esther Alicia Dagdug Lutzow fue una “revancha política” porque “se
busca enjuiciar a todo lo que huela a la administración pasada”, para la perredista
Neyda Beatriz García Martínez, se
trató de un “acto histórico” porque “es un precedente para que nunca haya más
saqueo, para que no sigamos siendo cómplices de funcionarios corruptos”.
La historia, sin embargo, registrará este acto a favor de
la justicia y de Tabasco, cuando se llegue a sus últimas consecuencias; esto
es, que se finquen responsabilidades, se liberen órdenes de aprehensión y se le
retribuya al erario estatal el daño causado.
Se espera que la acción de la justicia no quede
únicamente en actos judiciales contra José
Sáiz, Héctor López, Betty
Luque, Melchi Franco u otros implicados, y llegue hasta quien pudo ser el
cabecilla de la pandilla que perpetró el más grande latrocinio al erario de
Tabasco, o que –suponiendo que sea ajeno a corruptelas– no tuvo autoridad para
evitar que sus colaboradores se despacharan ‘con la cuchara grande’.
El agravio al pueblo de Tabasco sigue vivo…
DE MI BLOG
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