Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Especial para diario Rumbo Nuevo
¿Será posible que la 3ª Comisión Inspectora de Hacienda del
Congreso local, que ayer aprobó el dictamen de la cuenta pública 2012 del
ayuntamiento de Centro –junto con las de Comalcalco, Jalpa de Méndez y Paraíso–
se haya basado, para dar su fallo, en los informes amañados que le envió el anterior fiscal superior Francisco Rullán Silva?
¿Será posible que el nuevo titular del Órgano Superior de
Fiscalización (OSF), José del Carmen
López Carrera, no haya intentado siquiera dar una ‘ojeada’ al dictamen del último ejercicio fiscal del anterior
alcalde, Cuauhtémoc Muñoz Calderas,
para darse cuenta de omisiones o inconsistencias, y ordenar nuevas auditorías,
como lo hizo con la cuenta pública 2012 del entonces jefe del Ejecutivo estatal, Andrés Granier Melo?
El hecho que la cuenta pública del último año del
gobierno paraiseño –presidido por el extinto perredista Cristóbal Javier Angulo– haya sido aprobada por unanimidad, no
tiene nada de raro; al fin y al cabo éste tenía la misma militancia que los
diputados que ahora son mayoría en el Congreso local.
Pero que se hiciera lo mismo –aprobarla por unanimidad–
con la cuenta del ayuntamiento de Centro, es otra cosa. Hay mucho ‘sospechosismo’, sobre todo después que
el actual alcalde capitalino, Humberto
de los Santos Bertruy, exhibió ‘con
pelos y señas’ el cochinero en que
quedó convertida la administración municipal luego que la encabezaron Jesús Alí de la Torre y quien fuera su
director de Obras Públicas, Cuauhtémoc Muñoz.
Para despejar dudas sería sano cotejar el dictamen de la
cuenta pública 2012 de Centro que el OSF envío a los legisladores, con el
informe del proceso entrega-recepción que presentó el 12 de septiembre el
contralor municipal Sergio Hermilo
Jiménez Torres, para encontrar diferencias y determinar quién miente.
Incluso, habría que comparar las irregularidades no
solventadas que se estarían señalando en este municipio, con las que aparecen
en la cuenta pública 2012 del gobierno estatal, para corroborar si Andrés Granier
fue medido ‘por la misma vara’ que
Jesús Alí y Cuauhtémoc Muñoz.
En el informe presentado por Sergio Jiménez hace un par
de meses, salieron a relucir irregularidades tales como: nómina inflada en diez
por ciento el último año del trienio; un parque vehicular convertido en ‘fierro viejo’, del que únicamente diez
por ciento estaba funcionando; una cuarta parte del sistema de desalojo de
aguas de la ciudad inoperante; vialidades en deplorables condiciones, casi
intransitables; evidencias de saqueo –vicios ocultos y simulación– en la
ejecución de obra pública del 2012; pasivos por más de 17 millones de pesos con
la CFE y un municipio endeudadísimo por los próximos ocho años.
El expediente del arqueo ordenado por De los Santos
Bertruy, no sólo da pormenores del cochinero
heredado, sino también exhibe irregularidades en el manejo de los recursos
obtenidos vía financiamiento bancario y que se han convertido en una deuda por
más de 609 millones de pesos.
Resalta el informe del contralor municipal que gran parte
de esos recursos fueron desviados hacia fines distintos a lo que era la
“inversión pública productiva”, que fue la razón por la que la 60 Legislatura
local autorizó contratar los créditos bancarios.
Las cosas empezaron mal desde antes que el ayuntamiento
de Centro suscribiera con Banobras, el 23 de agosto de 2010, el contrato de
apertura de crédito por 485 millones 760 mil pesos, pues la Dirección de
Programación ya había autorizado obras por 49 millones 980 mil 621 pesos, con
cargo al financiamiento, “antes de estar autorizado el empréstito”.
El documento enumera otras 10 situaciones
irregularidades, que van desde la falta de planeación hasta el uso distinto al
de “inversión pública productiva”. Por citar un ejemplo, el régimen de Jesús
Alí tomó de ese dinero, 155.7 millones de pesos, para aportaciones a programas
federales que “no están consideradas dentro de los conceptos autorizados por el
Congreso en el Decreto 023”.
De los nueve rubros autorizados por el Congreso, en
ninguno se cumplió cabalmente, puesto que dejaron de ejecutarse proyectos
autorizados, se ejecutaron otros no autorizados y “ninguno se ajustó al
presupuesto aprobado”. Hasta se dieron el lujo de destinar recursos para
“préstamos a otras cuentas”, sin que estas operaciones estuvieran autorizadas o
previstas en el destino del crédito.
Y cuando se realizó la revisión física de las obras –que
por lo visto no hicieron ni el OSF ni los actuales diputados–, los auditores de
Centro reportaron 49 proyectos “con vicios ocultos” por observaciones físicas.
¿A cambio de qué se está dejando pasar la cuenta pública
de la administración Alí de la Torre-Muñoz Caldera? No sorprende que los
priistas que pertenecen a la 61 Legislatura la hayan aprobado en comisiones y
lo confirmen en el pleno, al fin y al cabo ambos ex alcaldes pertenecen a su
partido, pero ¿qué explicación pueden dar los perredistas Francisco Javier Cabrera, Tito
Campos Piedra, Daniel Herrera
Torruco, José Sabino Herrera, Leticia Taracena, Rafael Acosta y Alipio
Ovando, que ayer votaron a favor del dictamen aprobatorio?
Los militantes del PRD deberían ser los primeros
sorprendidos que sus diputados se hagan ‘de la vista gorda’.
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