Por Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Especial para diario Rumbo Nuevo
¿Será que Evaristo
Hernández Cruz, siendo alcalde de la capital tabasqueña se confabuló con
funcionarios de la administración granierista
para perpetrar uno de los muchos atracos al erario que se cometieron el sexenio
pasado?
¿Será que pesa
mucho su participación en la contienda para renovar la dirigencia priista
en la entidad –que ya entró en su recta
final– y con una amenaza judicial y un golpe
mediático quieren sacarlo de la
jugada?
Eso supusieron no pocos de los que ayer conocieron un
comunicado de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que dio cuenta de una
denuncia ante la PGR por malos manejos de fondos federales para la adquisición
de terrenos para la edificación de viviendas para damnificados de las
inundaciones del 2007.
El tema hay que revisarlo
con lupa, porque pareciera ser parte de una guerra sucia contra Hernández Cruz, que estarían asestándole desde
el centro del país para favorecer a su adversario Erubiel Alonso Qué, cuando más bien podría tratarse de una mancha más al tigre de la inmoralidad
que hizo de las suyas el sexenio pasado y que es llevado a las instancias
penales por la SFP.
Un caso que inicialmente denunció ante la PGR –octubre de
2008–, el senador perredista Adán
Augusto López Hernández, por la compra fraudulenta de terrenos para
viviendas de damnificados, lo tomó en sus manos la SFP, que le dio seguimiento
tanto al proceso de compra-venta amañada, como a los actos posteriores de los
involucrados para esconder sus tropelías y gozar de impunidad, lo que de
acuerdo a la dependencia federal se prolongó hasta 2011, por lo que en el
camino se fueron sumando otros servidores públicos.
Lo que no queda claro es dónde encaja Evaristo Hernández
Cruz.
La SFP emitió ayer el comunicado 033/2013 en el que
señala que por el presunto delito de coalición de servidores públicos, denunció
ante la PGR a cuatro ex directivos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
–incluido quien era su director general–; a siete ex funcionarios del gobierno
de Tabasco y al ex presidente municipal de Centro, sin dar nombre de ninguno de
los coacusados.
Indica que lo anterior se deriva de una investigación en
que se acreditó que la Conavi e Invitab suscribieron un convenio de
colaboración el 14 de diciembre de 2007, para la adquisición de suelo,
urbanización y construcción de dos mil 500 viviendas, en un predio de 51.35
hectáreas, con el propósito de resarcir los daños ocasionados a damnificados de
las inundaciones de aquel año.
Abunda que la Conavi acordó aportar 350 millones de pesos
y el gobierno del Estado, 38.5 millones, y que, a diez días de haberse firmado
el acuerdo, la Conavi realizó la transferencia del dinero a la Secretaría de
Finanzas estatal, la cual, a su vez, canalizó los recursos al Invitab hasta
agosto de 2008.
El Invitab, con autorización de su Consejo de
Administración, adquirió cinco terrenos con una superficie de 169 hectáreas, en
239.4 millones de pesos, “situación que se apartó de los términos pactados de
urbanización y construcción de las viviendas”, asienta la SFP.
Agrega que el propio Invitab solicitó al Comité de Obra
Pública Federal autorizar la adjudicación directa de la construcción a una inmobiliaria
y efectuar el pago con cuatro de los cinco predios adquiridos; dicho organismo
federal se declaró incompetente y sugirió recurrir al Consejo de Administración
del Invitab, organismo que finalmente autorizó la adjudicación y la forma de
pago.
Así, el Invitab y la empresa constructora firmaron el acuerdo
mediante el cual la inmobiliaria se comprometía finalmente a construir
solamente mil 338 viviendas.
El comunicado de la Función Pública puntualiza que “en
2011, al no haberse cumplido el convenio original, los funcionarios
involucrados, tanto federales como estatales, signaron un nuevo documento de
transacción, para convalidar las diversas irregularidades en su desempeño, pese
a que en enero del mismo año, la Conavi solicitó al Invitab el reintegro de los
recursos federales y sus cargas financieras”.
Por ello –se precisa–, el área jurídica de la SFP
denunció penalmente a cuatro funcionarios de la Conavi; a los secretarios de
Finanzas, José Sáiz Pineda; de
Asentamientos y Obras Públicas, Héctor
López Peralta (en su calidad de presidente del consejo de administración de
Invitab) y de Contraloría, Roger Pérez
Évoli; al titular del Invitab, Ariel
Cetina Bertruy y a su sucesora, Thelma
Mabel Zurita Ojeda, y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial de SAOP, Salvador Cerna Gil,
“así como en contra del expresidente municipal del Ayuntamiento de Centro de
Tabasco”.
El comunicado de la SFP no precisa cuál de los dos ex
alcaldes capitalinos que cubrieron el periodo sexenal 2007-2012, fue el
merecedor de su denuncia: si Evaristo Hernández, quien estaba en funciones
cuando se compraron los terrenos (2008), o Jesús
Alí de la Torre, quien estaba al frente del ayuntamiento (2011) cuando los
funcionarios federales y estatales implicados trataron de encubrir su
irregularidades.
La información de la SFP es imprecisa, ambigua en cuánto al ex alcalde implicado, y
se presta a la manipulación; debió decir a quién se refiere y cuál fue su
participación en las presuntas actividades ilícitas.
No vemos a un Evaristo Hernández confabulándose con
funcionarios estatales para cometer actos deshonestos, cuando todo mundo sabe
que en los tres años que estuvo de alcalde no fue tomado en cuenta por el
régimen granierista. Siempre se le
ignoró.
Por eso la aparición de dicho comunicado a tres
días de la elección interna del PRI parece, más bien, un juego sucio para enturbiar el proceso interno y tratar de descarrilar a Hernández Cruz, quien ayer
mismo dijo en su defensa: “En Centro nunca manejamos ni un solo centavo” de ese
dinero.
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